Las entidades del Tercer Sector podrán ser reconocidas como colaboradoras del Estado a partir del 2 de enero de 2027

Las entidades del Tercer Sector podrán obtener el reconocimiento como colaboradoras del Estado a partir del 2 de enero de 2027, fecha de entrada en vigor del decreto que publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma establece por primera vez los requisitos, el procedimiento y los efectos de este reconocimiento, con el objetivo de reforzar la colaboración entre la Administración y las entidades sociales de ámbito estatal.

En concreto, el texto establece unos requisitos para que las entidades puedan obtener el reconocimiento de entidad colaboradora con la AGE, con el objetivo de fortalecer el papel del Tercer Sector como interlocutor esencial en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas sociales, al tiempo que persigue impulsar una colaboración más estable y eficaz entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada.

Entre los requisitos que se establecen para acceder a esta distinción de entidad colaboradora se encuentran los de desarrollar actividades de interés general, tener una antigüedad mínima de cinco años, no retribuir a los miembros de los órganos de representación con cargo a fondos y subvenciones públicas, disponer de estructura y medios suficientes o haber obtenido el certificado de un sistema de evaluación de la calidad y mejora continua.

La norma, además, crea la Comisión de Evaluación integrada por representantes de diez ministerios, que será el órgano encargado de valorar las solicitudes y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esta comisión estará presidida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Las entidades que obtengan este reconocimiento podrán beneficiarse de medidas dirigidas a reforzar su sostenibilidad y mejorar su relación con la Administración General del Estado. Entre ellas, se encuentran la simplificación documental en los procedimientos de solicitud de subvenciones y ayudas públicas, la posibilidad de suscribir convenios u otros instrumentos específicos de colaboración y el uso de un distintivo oficial que acreditará su condición de entidad colaboradora.

Según el Ejecutivo, la norma aporta seguridad jurídica y favorece un modelo de gobernanza social más participativo, que reconoce el valor de la sociedad civil como aliada estratégica de las instituciones públicas.

El real decreto también establece un sistema de supervisión y control que será ejercido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Las entidades reconocidas deberán presentar anualmente una memoria de actividades y estarán sujetas a un Plan de Evaluación y Control. Asimismo, se contempla un procedimiento para revocar el reconocimiento cuando se detecten incumplimientos o irregularidades.

Otro de los aspectos relevantes que se incorporan es la regulación de la participación de estas entidades en situaciones excepcionales de necesidad social sobrevenida, como las provocadas por emergencias climáticas, sanitarias o de otra naturaleza que generen una situación de especial vulnerabilidad para la población. En estos casos, la intervención de las entidades colaboradoras se articulará mediante planes de actuación específicos aprobados por la Comisión de Evaluación.

La entrada en vigor del real decreto se producirá el 2 de enero de 2027. A partir de esa fecha se abrirá el procedimiento para que las entidades interesadas presenten sus solicitudes a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

VALORACIÓN DEL CERMI

A juicio del CERMI, este reconocimiento institucional contribuirá a reforzar las relaciones público-cívicas, "aportando mayor seguridad jurídica, estabilidad y capacidad de cooperación a las organizaciones sociales".

Asimismo, el CERMI considera que el Real Decreto supone un reconocimiento expreso de la contribución que las entidades del Tercer Sector realizan al bienestar colectivo, la cohesión social y la garantía de derechos de los grupos sociales más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad y sus familias.

La plataforma representativa de la discapacidad organizada ha valorado como favorable que, tras más de una década desde la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, el Gobierno "haya culminado este desarrollo reglamentario, largamente demandado por el conjunto del sector social".