Justicia francesa decide futuro político de Le Pen a menos de un año de Presidenciales

París, 7 jul (EFE).- La carrera hacia las elecciones presidenciales francesas de 2027 entra este martes en una fase decisiva con la sentencia que dictará el Tribunal de Apelación de París sobre Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional (RN) y favorita en los sondeos, que podría quedar inhabilitada para concurrir por cuarta vez consecutiva a la jefatura del Estado.

Tras alcanzar la segunda vuelta de las presidenciales de 2017 y 2022 frente a Emmanuel Macron, Le Pen llega al final de una década de macronismo en la posición más favorable de su trayectoria política. Sin embargo, el fallo judicial, previsto para las 13.30 horas (11.30 GMT), puede alterar el panorama político francés.

Los magistrados deberán decidir si confirman la condena impuesta en primera instancia por malversación de fondos públicos en el denominado caso de los asistentes parlamentarios europeos del antiguo Frente Nacional (FN), actual Agrupación Nacional (RN).

Si mantienen la pena de cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata, Le Pen quedaría automáticamente apartada de la carrera presidencial de 2027, lo que abriría la puerta a una candidatura del presidente del RN, Jordan Bardella, también favorito en los sondeos.

Se contemplan tres escenarios a partir de las posibles sentencias: confirmación íntegra de la condena; reducción o modificación de la pena de inhabilitación, permitiendo a Le Pen seguir siendo candidata; o revocación total o parcial del fallo dictado en primera instancia. Pero los analistas señalan que solo la absolución despejaría realmente sus aspiraciones al Elíseo.

El tribunal también deberá pronunciarse sobre el fondo del caso, es decir, si existió un sistema organizado para emplear fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios en la financiación de empleados que, en realidad, desempeñaban funciones para el partido entre 2004 y 2016.

En marzo de 2025, el Tribunal Penal de París declaró culpables a 25 acusados de haber participado en ese sistema y estimó el perjuicio económico en 3,2 millones de euros, una vez descontadas las cantidades ya reembolsadas.

Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión -dos de ellos firmes, con posibilidad de cumplimiento mediante pulsera electrónica-, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata.

Solo una parte de los condenados recurrió la sentencia, once concretamente, además de Le Pen y el partido.

Durante el juicio de apelación, Le Pen volvió a rechazar la existencia de un "sistema" y defendió su "buena fe". La Fiscalía pidió mantener la pena de cinco años de inhabilitación, junto con cuatro años de prisión -tres de ellos con suspensión- y una multa de 100.000 euros.

La líder ultraderechista ya había advertido de que no haría campaña si la condena de inhabilitación quedaba confirmada o si quedaba bajo control electrónico.

A pocas horas de conocerse el fallo, Jordan Bardella publicó en sus redes sociales un mensaje de respaldo a Le Pen en el que recordó que fue ella quien, hace catorce años, le transmitió "el gusto por el compromiso" y el deseo de dedicar su vida a la política. El presidente del RN elogió su "fortaleza", su "resiliencia" y su "convicción de que Francia merece que se luche por ella".

"Nada justifica que Marine Le Pen sea excluida de la elección del pueblo francés y se le impida presentarse ante él", escribió Bardella, quien concluyó asegurando que su apoyo a la dirigente es "total" y que su lealtad "jamás dependerá de las circunstancias".

El también presidente del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo aseguró que su formación ha "anticipado los diferentes escenarios" y afirmó estar "preparado para asumir las consecuencias" de la decisión que adopte el Tribunal de Apelación de París.

El caso comenzó en marzo de 2015, cuando la Eurocámara alertó a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre posibles irregularidades en la contratación de asistentes parlamentarios del Frente Nacional.

Veinte asistentes financiados con fondos europeos fueron señalados por sospechas de trabajar total o parcialmente para el partido en lugar de ejercer funciones vinculadas al Parlamento Europeo. Paralelamente, la Fiscalía de París abrió una investigación preliminar.

En 2016, la OLAF entregó su informe y el Parlamento Europeo inició procedimientos de recuperación de fondos. A Marine Le Pen se le reclamaron cerca de 340.000 euros correspondientes a dos asistentes parlamentarios: Catherine Griset y Thierry Légier, una cantidad que la dirigente terminó devolviendo en 2023.

En total, las instituciones europeas reclamaron alrededor de 1,1 millones de euros a varios eurodiputados del FN, entre ellos el patriarca Jean-Marie Le Pen y su lugarteniente Bruno Gollnisch.

La investigación judicial se amplió por presuntos delitos de abuso de confianza, falsedad documental y malversación de fondos públicos.

En 2017 comenzaron las primeras imputaciones contra asistentes parlamentarios vinculados al FN. Ese mismo año, el exeurodiputado Aymeric Chauprade afirmó que Marine Le Pen había pedido a los nuevos representantes europeos del partido delegar en ella la contratación de asistentes, acusación que la dirigente negó.

Entre finales de 2017 y 2018, Marine Le Pen, el FN y varios dirigentes del partido, entre ellos Louis Aliot (su pareja durante una década), fueron imputados por abuso de confianza o complicidad, una calificación que posteriormente pasó a ser la de malversación de fondos públicos.

En junio de 2018, los jueces ordenaron el embargo de dos millones de euros en subvenciones públicas destinadas al partido, que acababa de cambiar su nombre de Frente Nacional a Agrupación Nacional.

La formación denunció una maniobra política y recurrió la decisión. La justicia consideró entonces que existían indicios de un sistema organizado para utilizar fondos europeos en beneficio del partido. Posteriormente, el embargo fue reducido a un millón de euros.

En 2019 se incorporaron al procedimiento nuevos imputados, entre ellos Yann Le Pen, hermana de Marine Le Pen, y Jean-Marie Le Pen, fundador del FN.

La investigación terminó en 2022. En diciembre de 2023, los jueces financieros ordenaron enviar a juicio a Marine Le Pen, al RN y a otras 25 personas.

El proceso se celebró entre septiembre y noviembre de 2024 ante el Tribunal Correccional de París. Jean-Marie Le Pen no fue juzgado por razones médicas y falleció en enero de 2025.

El Tribunal Correccional de París concluyó que existió un "sistema" destinado a pagar con fondos europeos a empleados que trabajaban para el partido. El perjuicio económico fue evaluado en unos 3,2 millones de euros, teniendo en cuenta las cantidades consideradas indebidamente abonadas y posteriormente reembolsadas.

Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes con posibilidad de cumplimiento con pulsera electrónica, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos con aplicación inmediata.

La sentencia supuso un terremoto político, ya que la apartaba provisionalmente de una nueva candidatura presidencial. Le Pen recurrió la decisión junto al RN y otros once condenados, entre ellos Louis Aliot, Nicolas Bay y Bruno Gollnisch.

El juicio en apelación se celebró entre enero y febrero de 2026 ante el Tribunal de Apelación de París. Durante el proceso, Marine Le Pen negó haber cometido delito alguno y defendió la legalidad de las contrataciones, aunque admitió posibles errores de gestión e insistió en que actuó de buena fe.

La Fiscalía solicitó mantener una pena de cinco años de inhabilitación, además de cuatro años de prisión -tres de ellos con suspensión-, una multa de 100.000 euros y la posibilidad de cumplir la parte firme con pulsera electrónica.