La Comisión Etíope de DDHH considera "crimen de guerra" el reclutamiento forzoso en Tigré

Nairobi, 4 jul (EFE).- La Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC) afirmó este sábado que el reclutamiento forzoso impuesto a principios de junio por las autoridades de la rebelde región etíope de Tigré (norte) es un "crimen de guerra", en medio de tensiones por un nuevo conflicto armado con el Gobierno federal de Etiopía.

"Dado que esta práctica es llevada a cabo por un grupo armado fuera del Estado, puede considerarse explotación laboral y crimen de guerra", indicó en un comunicado la EHRC, organismo que trabaja de manera autónoma, pero cuyo jefe es designado por el Parlamento.

Según esta institución, la ley impuesta por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT) contraviene el acuerdo de Pretoria de 2022, que puso fin a una sangrienta guerra de dos años entre los insurgentes tigrinos y el Gobierno etíope.

Asimismo, criticó una proclama que impone la pena de muerte para una serie de delitos, entre los que se encuentran causar daños o perjuicios a los suministros de defensa, amenazar la paz y la seguridad de Tigré, colaborar con el enemigo o menoscabar o disolver la unidad y el territorio, independientemente de la ciudadanía.

La normativa también prevé penas de prisión de hasta 25 años para quienes critiquen o defiendan la resistencia a la campaña de reclutamiento, con multas de hasta 50.000 birrs etíopes (unos 275 euros) a quienes evadan las órdenes de movilización o deserten del servicio.

La campaña de alistamiento obligatorio ha incluido hasta ahora redadas puerta a puerta y el reclutamiento de menores de edad, según constató la EHRC.

"El reclutamiento forzoso de niños y otras personas vulnerables para el servicio militar o para su uso en hostilidades viola la Constitución y los principios y disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos", añadió el organismo.

Por todo ello, pidió acabar de forma "inmediata" con esta ley e instó a los rebeldes y al Gobierno federal a "abstenerse de acciones que exacerben las tensiones".

Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) ya se han pronunciado contra esta normativa y han pedido a los líderes del FLPT su retirada.

El conflicto armado comenzó en noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FLPT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

La guerra causó al menos 600.000 muertos, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

El FPLT reinstauró en mayo pasado el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, suspendido durante los últimos años, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la administración provisional tigrina establecida mediante el Acuerdo de Pretoria.

Desde 2025, el Gobierno federal y el FLPT mantienen disputas sobre cómo aplicar la tregua y gobernar la región, donde cada parte acusa a la otra de movilizar fuerzas armadas. EFE