La coordinadora de la 'Operación Desalia': "Las víctimas tenían que pedir permiso hasta para cambiarse el tampón"

"Tenían que prestar servicios sexuales aún estando con el periodo y estaban obligadas a pedir permiso hasta para cambiarse el tampón", son algunas de las férreas condiciones narradas este lunes por la coordinadora de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional al referirse al trato que los cuatro ocupantes del banquillo de la Audiencia de Valladolid dispensaban a las mujeres que, bajo engaño, eran captadas en países como Venezuela y Colombia y luego, una vez en España, eran obligadas a prostituirse.

El juicio previsto hasta el miércoles ha dado comienzo este lunes con la declaración de los policías que participaron en la denominada 'Operación Desalia' iniciada en junio de 2023, a raíz de que una de las víctimas pidiera auxilio a una ONG especializada en este tipo de delitos y su testimonio, al que se sumaron luego otras dos más, condujera a la detención de la presunta cabecilla, la venezolana Kelly J.O, alias 'Andrea' o 'Carly'; su hijo y el novio de éste, Luis Ángel y Janner D.M, respectivamente, así como de Esneider D.A.B, quienes, inicialmente, se exponen a un conjunto de condenas de 63 años de cárcel.

Aunque la toma de declaración inicial a la 'Víctima número 1' la realizaron agentes de la Policía Nacional de Valladolid, el grueso de las pesquisas lo realizó la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, cuya coordinadora por aquel entonces ha centrado buena parte de la jornada, ya que la funcionaria, en una extensa declaración recogida por Europa Press, ha sido la encargada de detallar cómo se desarrolló una investigación que tan sólo ha podido llevar a juicio el testimonio de tres mujeres supuestamente explotadas--testificarán este martes por videoconferencia--, ya que, como así ha advertido, "son muchas más las que han pasado por las manos de este entramado criminal".

El motivo para no contar con su declaración es el "miedo" a que tanto ellas como sus familiares, en sus países de origen, puedan sufrir algún tipo de represalia. "En estos países la vida vale muy poco y las afectadas saben que los responsables de su situación tienen acceso a datos de sus familias, de ahí que prefieran no seguir adelante", ha lamentado la inspectora, quien ha recordado que el perfil de las víctimas es el de mujeres "en situación de necesidad extrema que necesitan el dinero para mantener a sus familiares".

En cuanto al 'modus operandi' seguido en este caso, la agente de la Policía Nacional ha apuntado que desde el principio, gracias a las pruebas aportadas por la 'Victima número 1', dispusieron de los billetes del avión y del hotel con los que había llegado a España desde Colombia y SMS que se había intercambiado con la presunta cabecilla, Kelly, a la que inicialmente identificó como una tal Andrea, la misma que, según denunció la explotada, había coordinado su viaje, había pagado el importe del mismo y la había aleccionado sobre lo que tenía que decir en el Aeropuerto de Madrid-Barajas para no levantar sospechas.

PAGAR 6.500 EUROS POR UN BILLETE DE 700

Pese a que en origen se había engatusado a las jóvenes con promesas de ganar mucho dinero, bien con trabajos de modelaje o servicios a través de la webcam pero sin contacto con cliente alguno, una vez en España eran trasladadas a pisos distribuidos por toda España, fundamentalmente de la zona norte, donde, tras serles retirado el pasaporte, eran obligadas a prostituirse hasta condonar la deuda que habían contraído con su viaje.

A este respecto, la funcionaria ha relatado que la captación inicial la realizaba la responsable de una agencia de viajes en EEUU, amiga de Kelly, al tiempo que ha denunciado la "desproporción" existente entre lo que la acusada había pagado por el billete de avión de las jóvenes, entre 700 y 1.500 euros, y los 6.500 euros que les exigía ya en España.

Pero la deuda se incrementaba de forma incesante, ya que además las víctimas estaban obligada a pagar el alquiler de las habitaciones e incluso la renovación de los anuncios de contactos en Internet, con lo que semanalmente acumulaban otros 450 euros más.

Y es que, como así ha destacado la funcionaria, la particularidad de este que ha calificado como "entramado criminal" es que la prostitución se ejercía en pisos de distintas partes de España, como Santander, Avilés, Bilbao y Valladolid, donde se alquilaban habitaciones para tal menester y donde las víctimas eran sometidas a un férreo control, favorecido con la instalación de cámaras de seguridad.

"No podían elegir cliente ni el tipo de servicio, estaban obligadas a prestar servicio aún estando con la menstruación y tenían que pedir incluso permiso para cambiarse el tampón, a fin de justificar por qué no habían estado clientes durante ese tiempo", ha relatado la testigo, quien ha añadido que los pagos de los clientes, a razón de entre 50 y 200 euros, los cobraba siempre Kelly por bizum en su teléfono móvil y en otras ocasiones el dinero en metálico lo recogían las explotadas para entregárselo, de inmediato, a su explotadora.

Hasta saldar la deuda, las mujeres no veían un euro de los servicios prestados. Tan sólo recibían una mínima cantidad para poder comprar algo para comer, ha asegurado la testigo.

"YA NO ES NECESARIO ATAR A UNA MUJER A LA PATA DE LA CAMA"

En su extenso relato de la forma en la que la presunta organización explotaba a sus víctimas, la funcionaria policial ha incidido en que la retirada del pasaporte aplicada era la mejor forma de tener atadas a las mujeres, alguna de las cuales ni siquiera pudo acudir al médico para tratarse de una enfermedad por carecer de dicho documento. "Ya no es necesario como antes tener atadas a las mujeres con una cadena a la pata de una cama", ha espetado la testigo.

La investigación, antes de desembocar en la detención de los acusados, contó con autorización judicial para realizar un 'pinchazo' a los teléfonos móviles de Kelly, a través de los cuales la brigada policial obtuvo serios indicios de la actividad delictiva del grupo, "cuyos integrantes hablaban de tráfico de personas sin ningún rubor", lo que permitió establecer vigilancias que permitieron verificar la llegada de alguna de las víctimas desde su país de origen y la colaboración del resto de los encausados, tanto el hijo de la cabecilla, Luis Ángel, y su novio, Janner, como un cuarto presunto implicado, Esneider.

De entre los registros de distintos pisos efectuados, la inspectora ha destacado la vivienda en la localidad cántabra de Torrelavega propiedad de Kelly, en la que, amén de 4.500 euros en fallos de billetes de 50 euros, la policía se incautó de un cuaderno con anotaciones de cantidades que las explotadas percibían y que, en una estimación, los investigadores cifran en 300.000 euros los beneficios obtenidos entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

La agente de la Policía Nacional ha señalado al hijo de la presunta cabecilla como la persona que al llegar a España, en mayo de 2023, se involucró activamente en las labores de la organización, asumiendo trabajos de contabilidad, cobro de cantidades, traslado de víctimas y retirada de pasaportes. Incluso la inspectora ha recordado que cuando Kelly ingresó en prisión, su hijo se puso en contacto con una de las víctimas para reclamarle el pago de 500 euros de deuda, mientras que con respecto a los otros dos acusados, la funcionaria no ha dudado a la hora de incriminarles también como partícipes en el entramado en distintas funciones.