Fabricantes de drones y propagandistas entre nuevos afectados por sanciones de UE a Rusia

Luxemburgo, 15 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania que afectarán a 34 personas y 47 entidades, incluidos propagandistas y fabricantes de drones, así como personas a las que se considera responsables del envenenamiento del líder opositor ruso Alexéi Navalni.

La decisión, adoptada en un Consejo de ministros europeos de Exteriores, tiene por objetivo atacar los ingresos energéticos de Moscú, así como su complejo militar e industrial, la propaganda y las violaciones de los derechos humanos, dijo el Consejo en un comunicado.

Paralelamente, la UE trabaja en el vigesimoprimer paquete de sanciones, que serán de mayor alcance, indicó el Consejo en un comunicado.

Según la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, las medidas adoptadas ya han costado a Moscú entre 1.000 y 1.300 millones de euros y están afectando a los pilares de la economía rusa.

Las sanciones afectan a siete personas y 21 entidades que apoyan el complejo militar-industrial ruso y a sus facilitadores en terceros países, incluidos varios fabricantes y proveedores de drones y otros equipos militares para el ejército ruso, como JSC Lavochkin Research and Production Association, fundada por la corporación estatal rusa para actividades espaciales, así como Roscosmos, LLC Rustakt, LLC ASFPV y LLC IONOS.

Además se encuentra la empresa china Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de aditivos lubricantes con sede en China, así como ERA Military Innovation Technopolis y la Fundación para Estudios Avanzados, ambas establecidas por el Gobierno de la Federación Rusa para desarrollar sistemas no tripulados avanzados con fines militares.

Se incluye a dos personas -Tahir Garayev y Konstantin Rogach- y 24 entidades relacionadas con el transporte y la exportación de petróleo crudo o productos derivados del petróleo desde Rusia, incluso a través de la flota paralela rusa, una herramienta diseñada para eludir las sanciones de la UE.

En particular, se añade  a Lukoil-Siberia Occidental y a numerosas empresas con sede en Rusia, Liberia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Hong Kong.

Hay otras diez personas y una entidad que se suman a las sanciones, incluidos varios propagandistas rusos involucrados en la manipulación e injerencia de información extranjera, como Anatoli Kuzichev, Kirill Fedorov, Roman Antonovskii y Maria Volkonskaya, redactora jefe del periódico estatal Krymskaya Gazeta.

La UE les acusa de difundir desinformación con el objetivo de justificar, promover o legitimar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, así como de difundir narrativas hostiles y manipuladoras dirigidas contra Ucrania y destinadas a deshumanizar a los ucranianos o distorsionar los hechos históricos.

Además, se incluye en la lista a Alexandra Jost, una influencer de redes sociales residente en Rusia, y a Georgiy Shevkunov, un obispo de la iglesia ortodoxa rusa que participa activamente en la difusión de propaganda y desinformación para justificar la agresión, así como a la Fundación Presidencial para Iniciativas Culturales, una fundación creada por decreto del presidente ruso, Vladímir Putin.

Por otra parte, se añade a una entidad y a 15 personas, entre ellas jueces y fiscales rusos, así como personal de las fuerzas del orden, de la seguridad del Estado (FSB) y del sector médico, por su implicación en la persecución, el envenenamiento y la muerte de Navalni.

Las medidas también se dirigen contra IPJSC NTK, empresa que colaboró ​​con el Departamento de Tecnologías de la Información de Moscú en el desarrollo de un sistema de reconocimiento facial destinado a vigilar y detener a periodistas independientes, activistas de la oposición y participantes en protestas pacíficas en apoyo de Navalni y en contra de la guerra.

Por último, el Consejo decidió renovar las sanciones de la UE contra Rusia en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y la ciudad de Sebastopol y prorrogarlas hasta el 23 de junio de 2027 . EFE