CERMI pide hacer obligatorio por ley la accesibilidad oficinas, páginas web, apps o formularios de entidades financieras

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pide al Gobierno hacer obligatorio por ley la accesibilidad de todos los canales de atención y reclamación de entidades financieras, incluidas oficinas, páginas web, aplicaciones móviles, formularios, comunicaciones y sistemas de seguimiento de incidencias.

Así lo ha explicado este lunes el CERMI después de trasladar al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa una batería de propuestas dentro de la consulta pública previa sobre la modificación de la Orden ECO/734/2004 y otras normas de protección de la clientela financiera.

La organización solicita que las personas con discapacidad puedan elegir "libremente" el canal y formato de comunicación que mejor se adapte a sus necesidades, incluyendo lectura fácil, braille, caracteres ampliados, lengua de signos española, videollamadas accesibles y otros sistemas de apoyo a la comunicación.

La entidad también reclama que los sistemas automatizados de atención, como asistentes virtuales o bots, "no impidan ni retrasen el acceso a una persona física cuando esta sea requerida por el cliente, especialmente en situaciones de urgencia o con repercusiones económicas relevantes".

Además, el CERMI propone que "la denegación injustificada de ajustes razonables sea considerada expresamente una práctica discriminatoria y que las entidades financieras estén obligadas a formar de manera continua a su personal en discapacidad, accesibilidad universal, trato adecuado y prevención de conductas abusivas".

ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Otra de sus peticiones es que las autoridades supervisoras integren criterios específicos de accesibilidad y no discriminación en sus actuaciones de control y seguimiento, incorporando indicadores sobre reclamaciones relacionadas con discapacidad y barreras de acceso a los servicios financieros.

"Una protección financiera verdaderamente efectiva solo será posible si todas las personas pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, sin barreras y con las garantías y apoyos necesarios para defender sus intereses ante las entidades financieras", ha explicado.

El CERMI considera "positiva" la actualización normativa, pero advierte de que "la reforma no debe limitarse a una adaptación formal al nuevo marco regulador, sino que ha de incorporar garantías materiales que aseguren una protección real y efectiva de las personas con discapacidad como consumidoras de servicios financieros".

"La organización señala que la creciente digitalización de los servicios financieros no puede convertirse en una nueva fuente de exclusión", ha manifestado, para después reclamar que la futura regulación incorpore "de manera transversal los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato, no discriminación, ajustes razonables, respeto a la capacidad jurídica y acceso a la información en formatos comprensibles y accesibles".