AI denuncia restricción del espacio cívico en Turquía de cara a la COP 31 de Antalya

Berlín, 15 jun (EFE).- La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes las restricciones que sufre en Turquía la sociedad civil y destacó que el respeto a los derechos humanos es un "prerrequisito" para una participación inclusiva en la cumbre climática de la ONU de la COP31 que se celebrará este otoño en Antalya.

Damla Kuru, responsable de AI Turquía, lamentó en una rueda de prensa en los márgenes de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, encuentro preparatorio de la COP31, que "el espacio cívico se ha estado reduciendo" en los últimos años en su país, donde las autoridades según dijo restringen derechos como la libertad de expresión y de reunión.

En concreto, afirmó, las medidas punitivas afectan a menudo a comunidades locales y activistas que intentan hacer frente a proyectos ambientales destructivos.

Kuru citó la lucha de localidad de Ikizköy, en la provincia costera de Muğla, donde la población se enfrenta a los planes para expandir una mina de carbón, las protestas en la provincia sureña de Kahramanmaraş contra las centrales de carbón o las demandas de justicia y seguridad en Soma (oeste), donde hace una década un desastre minero acabó con las vidas de 300 personas.

"De cara a la COP31 debemos recordar que la acción climática y las libertades civiles son inseparables", subrayó y señaló que los países anfitriones tienen el deber de asegurar que todos puedan expresar sus puntos de vista sin intimidación ni represalias.

"El éxito de la COP31 no se medirá sólo por las decisiones tomadas en la sala de negociación, se medirá también por si las personas pueden participar de forma segura libre y sin miedo", declaró.

En la rueda de prensa tomó también la palabra la activista climática turca Deniz Gümüşel, que denunció cómo en Ikizköy las personas que intentaban salvar los bosques y tierras agrícolas ante la expansión de una mina de carbón fueron "tratados como criminales" por las autoridades.

Aseguró que la disputa no trata de una "cuestión ambiental abstracta", sino de los olivares de los residentes, de su derecho a un aire limpio, a su salud y en última instancia de su "dignidad".

Ella misma, relató, fue detenida varias veces por participar manifestaciones pacíficas y sufrió medidas judiciales como la retirada de su pasaporte, además de ser condenada finalmente a una pena de cinco meses de prisión suspendida por intentar impedir la tala de árboles en el bosque de Akbelen.

Todo ello forma parte de una "política sistemática de intimidación" por parte de las autoridades, dijo Gümüşel, que señaló que, por el contrario, "las comunidades que resisten contra la expansión de los combustibles fósiles deben ser protegidas y no castigadas".

En el polo opuesto, la directora de AI Brasil, Jurema Werneck, enumeró los pasos dados por la Presidencia brasileña de la COP30 celebrada el año pasado en Belém para incrementar la participación, como la creación de un cuerpo de 30 enviados especiales para diferentes sectores para "tender un puente" entre la sociedad y los espacios en la conferencia del clima.

Mencionó además la creación de una "zona verde" con 300 asistentes y la "Cumbre de los Pueblos" a la que asistieron 70.000 participantes.EFE