Redacción Asia, 13 jun (EFE).- Millones de personas LGTBI en Asia corren el riesgo de ser castigadas con latigazos o sentenciadas a muerte en los casos más extremos, en un continente que mantiene vigentes múltiples formas de discriminación contra este colectivo, con algunas excepciones de protección legal en pocos lugares.
El autoritarismo y las religiones predominantes en algunos territorios asiáticos siguen jugando en contra de gais, lesbianas, personas transgénero y de todo el paraguas LGTBI, cuyos derechos no forman parte del debate público en buena parte del continente más extenso y poblado del planeta.
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Tailandia, Nepal y Taiwán -isla autogobernada y democrática cuya soberanía China reclama-, los únicos sitios en los que está permitido el matrimonio igualitario, se erigen como el oasis de derechos de la región, en la que organizaciones de derechos humanos alertan del aumento de los discursos de odio contra esta población.
En China continental la celebración pública del Orgullo ha quedado prácticamente fuera de escena desde que el Shanghái Pride, que durante once años organizó la cita, anunció en 2020 el cese de sus actividades.
En el último quinquenio, cerró el Beijing LGTB Center, que lideraba el activismo en Pekín, fueron eliminadas cuentas de activistas en Wechat -la mayor red social de China- y las tiendas virtuales de los móviles retiraron aplicaciones de citas entre hombres como Grindr.
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Aunque la homosexualidad está despenalizada desde 1997 y dejó de ser considerada una enfermedad mental en 2001, las personas gais viven en un entorno restrictivo en el que la autoridades han llamado en comunicados oficiales a evitar la llamada "estética afeminada" y promover "la cultura tradicional china, revolucionaria y socialista".
Pese a que varios tribunales nipones han dictaminado que prohibir el matrimonio igualitario es inconstitucional, Japón sigue siendo el único país del G7 que no ha legalizado estas uniones, lo que ha generado una creciente presión de la comunidad LGTBI y de la opinión pública, mayoritariamente favorable a estos enlaces.
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Corea del Sur vive una situación similar, con avances que no llegan a la legalización de la unión civil. Además, el Tribunal Supremo decidió que negar el seguro sanitario a dependientes en parejas del mismo sexo es inconstitucional.
Entretanto, en Corea del Norte, las leyes no criminalizan explícitamente la homosexualidad, aunque el hermetismo del régimen y la ausencia de fuentes de información independientes impiden hacerse una idea del estado actual de esta población.
Las personas LGTBI sufren una amenaza existencial en Afganistán, donde el Gobierno talibán castiga la homosexualidad con la pena de muerte. Así, quienes viven en la clandestinidad se enfrentan a una persecución sistemática que incluye azotes públicos, torturas y ejecuciones, hechos calificados en 2025 como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.
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En la vecina Pakistán, las relaciones consentidas entre hombres continúan criminalizadas y castigadas hasta con cadena perpetua, mientras organizaciones como Amnistía Internacional alertan del retroceso para las personas transgénero desde que en 2023 el tribunal islámico anuló el derecho a cambiar de sexo que había sido aprobado en 2018.
India -donde ONG denuncian que personas LGTBI contraen matrimonios tradicionales forzados por sus familias- aprobó en marzo pasado una reforma similar, que obliga ahora a las personas a someterse a un tribunal médico en caso de querer transicionar, desmantelando años de avances que situaban al país más poblado del mundo a la cabeza en esta materia.
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"Cada vez más personas se sienten cómodas para salir a la calle y participar en las marchas del Orgullo, pero el problema es que este avance sustancial no está ocurriendo en las leyes", dijo a EFE el abogado Abhay Shukla.
Mientras Tailandia avanza en igualdad de derechos en el Sudeste Asiático, el resto de la región permanece estancado en un sistema que discrimina o persigue a quienes manifiesten disconformidad de género o rompan normas heterosexuales.
Entre los peores casos destaca la provincia indonesia de Aceh, que aplica la ley islámica dentro de la tercera mayor democracia del planeta, en nombre de la cual se azota en plazas públicas a jóvenes gais, denunciados de forma regular por amigos y familiares en la nación con la mayor población musulmana del mundo.
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"Siento que este año es el peor, porque el odio generalizado contra los ciudadanos LGTBI está en aumento. Con el empeoramiento de la economía en Indonesia, la gente intenta cada vez más utilizar a las personas queer como un saco de boxeo", dijo a EFE Arisdo, activista de la organización Pelangi Nusantara (Arcoiris).
Malasia, también de mayoría musulmana, mantiene sus leyes contra la sodomía -por las que procesaron en el pasado al actual primer ministro, Anwar Ibrahim- y destina fondos públicos para programas que prometen "curar" a homosexuales y transexuales, algo criticado por ONG como Human Rights Watch.
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Héctor Pereira
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