Paz cumple siete meses en el poder bajo presión de protestas que exigen su renuncia

La Paz, 8 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, cumple este lunes siete meses en la Presidencia bajo la presión de sectores sociales que desde hace más de un mes mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir su renuncia y que advirtieron que "masificarán" sus movilizaciones sin opción a dialogar.

La Federación de Campesinos 'Tupac Katari', que junto a la Central Obrera Boliviana (COB) lidera las protestas, lanzó el viernes un ultimátum para que Paz renuncie y ratificó la continuidad de los bloqueos hasta conseguir su objetivo.

Los sectores movilizados, sobre todo los campesinos, acusan a Paz de haberles marginado de las decisiones gubernamentales pese a que aseguran haberle dado la victoria en las elecciones de 2025.

Además, creen que el mandatario privatizará empresas estatales y subirán las tarifas de los servicios básicos, por las nuevas leyes anunciadas para atraer inversiones para sectores como hidrocarburos, energía y recursos evaporíticos, entre otros, si bien el Gobierno niega esas acusaciones.

También protestan los seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019), señalado por el Gobierno de financiar las movilizaciones contra Paz con dinero del "narcotráfico" para, según las autoridades, evitar ser capturado en un proceso penal por trata agravada relacionado con la presunta relación que mantuvo con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija cuando era presidente, en 2016.

Los movilizados se declararon en "emergencia" ante la posibilidad de que el Ejecutivo dicte un estado de excepción para restablecer la normalidad frente a la escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal provocada por los bloqueos, que afectan a las principales ciudades del país.

El domingo, la Cámara de Diputados aprobó la ley que reglamenta los estados de excepción, principalmente en casos de "conmoción interna", facultando la intervención de las Fuerzas Armadas cuando la Policía sea rebasada.

Paz debe promulgar la ley y definir si finalmente emitirá o no el decreto para dictar el estado de excepción, decisión que deberá validar el Parlamento en un plazo de 72 horas.

El Gobierno ha asegurado que utilizará todas las herramientas constitucionales para restablecer la normalidad, aunque insiste en que su prioridad es concertar con los sectores en conflicto, a los que volvió a llamar a dialogar el fin de semana.

En medio del conflicto, renunciaron los ministros de Trabajo, Educación y Defensa y en esta última cartera asumió Ernesto Justiniano, quien hasta el miércoles fue el zar antidrogas del país.

El Gobierno realizó dos operativos policiales y militares en mayo para habilitar "corredores humanitarios" para el paso de provisiones por la ruta troncal del occidente, pero terminaron en enfrentamientos y disturbios.

Esto volvió a ocurrir el sábado en el municipio de San Julián, en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, donde un intento de desbloqueo concluyó con seis policías heridos, cuatro de ellos por disparos, por lo que las fuerzas de seguridad se replegaron.

Los conflictos han ocasionado la muerte de al menos diez personas, incluidas siete que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres fallecidas en el contexto de las protestas, entre ellas un hombre que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo en circunstancias que aún están bajo investigación.

Las protestas agravaron la crisis económica que arrastra Bolivia desde 2023, con pérdidas que superan los 2.100 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El conflicto puede agravarse esta semana, ya que los seguidores de Morales anunciaron que llegará más gente para reforzar el "cerco" a La Paz, la sede del Gobierno y el Ejecutivo, y también los transportistas anunciaron una huelga indefinida desde este lunes para exigir que el Gobierno resuelva la falta de combustibles. EFE

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