Defensor de la viuda y dos hijas de El Salvador: "Aún teniendo por acreditados los hechos, falta la autoría"

El defensor de la viuda del dueño del grupo El Salvador-Funeraria Castellana y sus dos hijas, encausadas junto a otras veinte personas por el 'caso ataúdes', ha solicitado la absolución de sus tres clientas al entender que "falta la autoría, y ello aún teniendo por acreditados los hechos", que el letrado se ha apresurado a rechazar y que atribuye a la prueba creada por Justo M. en su intento de extorsionar a la familia.

Tras el informe del defensor del gerente del grupo mercantil, Ignacio M.V, que ha abierto la sesión este martes en la Audiencia de Valladolid, otra de las defensas, en representación de Laura y Rosario ('Rosi') M.V, hermanas de la anterior, y su madre, María del Rosario V.L, ha desmarcado a sus patrocinadas de la cadena de mando de la empresa y ha recordado que el jefe, "como así todo el mundo ha indicado", no era otro que el marido y padre de las acusadas, Ignacio Morchón Alonso, ya fallecido.

A pesar de que fiscal, en su informe final, haya retirado buena parte de los cargos contra la viuda del dueño y su hija 'Rosi', salvo los de blanqueo de capitales y organización criminal, a razón de doce años ahora para cada una de ellas, ha rechazado igualmente la participación delictiva de ambas, en el caso de María del Rosario V.L. porque ha quedado acreditado que era una "administradora figurativa" a partir de la muerte de su marido, mientras que respecto de 'Rosi', "a la que se atribuye un papel en contabilidad que nunca ha tenido, porque se dedicaba únicamente a facturación a clientes, compañías aseguradoras y clientes".

También ha incluido en su petición absolutoria a Laura, a la que se piden hasta 20 años de cárcel, y ello pese a que desde la policía se asegura que ocupaba el puesto de directora del tanatorio. "nunca he visto un empeño así en atribuirle un papel de dirección", ha criticado su defensor de la joven, que en su declaración en el juicio alegó que su tarea en la empresa se circunscribió inicialmente al de "correturnos", haciendo sustituciones, y más tarde al área de publicidad con motivo de sus estudios de periodismo.

LAS DECLARACIONES "PREPARADAS" DE LOS PERJUDICADOS

Al igual que su predecesor en el turno expositivo de conclusiones, el letrado ha puesto en tela de juicio la objetividad en el testimonio prestado por varios cientos de testigos-víctimas que han declarado a lo largo del juicio al considerar que dichas declaraciones llegaron ya "preparadas", facilitando algunos detalles "imposibles" después de treinta años, como cuando de forma unánime todos han venido a indicar que en el momento de la incineración los empleados corrieron las cortinas y ya no pudieron ver la entrada del cadáver en el horno crematorio.

Por ello, el abogado ha hecho alusión a una "memoria reconstruida" cuya veracidad ha tratado de dejar en entredicho cuando parten de personas que han mostrado su animadversión hacia los encausados. "Cuando alguno dice que espera verlos arruinados y otro que quiere su máxima condena, mientras que otros aseguran que a sus familiares los quemaban como pollos y alguno hasta que se incineraban varios cuerpos a la vez como si se tratase del campo de concentración de Auschwitz....", ha recordado en una llamada de atención al tribunal para que valore en su justa medida la fiabilidad de dichas declaraciones.

Las peticiones de nulidad por vulneración de los derechos de defensa de los encausados han sido igualmente una constante en el informe final de esta parte que, entre otras pruebas, afectarían a su juicio a las entradas y registros y 'pinchazos' telefónicos, junto con una investigación "prospectiva" de la Policía Nacional a raíz de la detención de Justo M, en 2017, por delito de extorsión que derivó en una segunda causa, la presente, que se ocultó a los acusados, hasta el punto de que el dueño de la empresa figuraba en la primera como víctima y denunciante y en la segunda como investigado por los delitos que ahora se juzgan.

Tampoco ha querido dejar pasar el letrado el dato relevante de que ninguna de las más de veinte personas que ocupan el banquillo se ha prestado a cerrar antes del juicio una sentencia de conformidad. "Habiendo conformidades fáciles, no tiene sentido que ninguno de ellos haya reconocido los hechos, pues nadie se va a jugar años de cárcel cuando tiene un posible acuerdo al alcance de la mano", ha sentenciado.