ONG pide prueba de vida de cuñada de Daniel Ortega, detenida hace dos años en Nicaragua

San José, 19 may (EFE).- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua exigió este martes una prueba de vida de Angélica Patricia Chavarría Altamirano, viuda del exjefe del Ejército Humberto Ortega quien murió el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la "sucesión dinástica" en el país.

Chavarría Altamirano, detenida hace dos años junto a su esposo, es cuñada y concuñada de los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente.

El copresidente Ortega acusó de "traición a la patria" a su hermano menor y general retirado Humberto Ortega tras cuestionar la sucesión "dictatorial" del jefe de Estado, y murió en casa por cárcel.

"¿Dónde está Angélica Patricia Chavarría Altamirano? Fue detenida el 19 de mayo de 2024 y desde entonces permanece en desaparición forzada", denunció en un mensaje el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.

"Exigimos prueba de vida, información inmediata sobre su paradero, acceso a su familia y defensa legal, atención médica necesaria y garantías para su vida e integridad", demandó.

Ese organismo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Chavarría Altamirano, quien desde hace dos años "se encuentra en una situación de desaparición forzada", y tras el fallecimiento de su pareja, la "dictadura" de Ortega y Murillo sigue sin proporcionar información sobre su paradero.

El Colectivo dijo que el año pasado tramitó una acción urgente ante el Grupo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU sobre este caso, y que ese organismo no obtuvo ninguna respuesta de parte del Estado de Nicaragua.

Esa ONG también pidió una prueba de vida del excoronel sandinista y opositor Víctor Boitano Coleman, de 63 años, arrestado el 23 de abril de 2024 por la Policía Nacional.

"El régimen Ortega Murillo ha establecido una política de desaparición forzada en el país. Con esto somete a los detenidos a una vulnerabilidad extrema y estado de indefensión total. Esto elimina de facto el derecho a la defensa y vuelve ineficaz cualquier acción legal", advirtió ese organismo.

Según el Colectivo, la desaparición forzada, al igual que las detenciones arbitrarias y torturas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados, juzgados y sancionados.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria". EFE