CPI examina cargos de torturas y esclavitud contra un exjefe de la prisión libia de Mitiga

Imane Rachidi

La Haya, 18 may (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá este martes las audiencias de confirmación de cargos contra el libio Jaled Mohamed Ali el Hishri, presunto alto responsable de la prisión de Mitiga, en las afueras de Trípoli, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad por abusos sistemáticos contra detenidos libios, migrantes y refugiados.

Las audiencias, que se extenderán hasta el jueves, son el primer gran proceso derivado de la investigación abierta por la fiscalía de la CPI hace 15 años sobre Libia y podrían marcar el inicio del primer juicio internacional vinculado a los abusos cometidos por el entramado de milicias y centros de detención surgido tras la caída del exdictador Muamar al Gadafi en 2011.

El Hishri, conocido como 'Al Buti' o 'Sheij Jaled', fue arrestado en Berlín en julio pasado por una orden de la CPI y fue trasladado a La Haya en diciembre.

La Fiscalía sostiene que entre 2014 y 2020 fue uno de los máximos responsables de la prisión de Mitiga, un complejo controlado por la milicia SDF/RADA en Trípoli.

Según el documento de la Fiscalía, El Hishri afronta 17 cargos -seis por crímenes de guerra y once por de lesa humanidad- que incluyen tortura, encarcelamiento arbitrario, violación y otras formas de violencia sexual, asesinato, intento de asesinato, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos.

Los investigadores y fiscales describen Mitiga como una prisión donde “miles de personas” fueron detenidas ilegalmente durante años, sin acceso a abogados ni procedimientos judiciales, en condiciones de hacinamiento extremo, escasez de alimentos y ausencia de atención médica.

Sostienen, además, que los abusos eran sistemáticos y que las víctimas sufrían distintas formas simultáneas de violencia y discriminación.

“Las personas fueron torturadas, detenidas arbitrariamente, esclavizadas y perseguidas”, señalan, tras años de búsqueda de pesquisas y entrevistas con testigos.

Han identificado a más de mil víctimas, aunque por ahora alrededor de 70 han sido autorizadas formalmente a participar en esta fase del procedimiento.

La mayoría son ciudadanos libios, aunque también hay migrantes y refugiados.

Mitiga no es oficialmente un centro de detención para migrantes, pero la CPI considera probado que personas interceptadas en el Mediterráneo o atrapadas en redes de tráfico terminaban también dentro del complejo, controlado por una de las milicias más influyentes de Trípoli.

La Fiscalía sostiene que El Hishri no solo tenía autoridad dentro de la estructura de mando de la prisión, sino que participaba personalmente en los abusos, y varios exdetenidos han asegurado que estaba “físicamente presente” durante actos de tortura y otros crímenes.

Las audiencias de esta semana no constituyen todavía un juicio sobre el fondo del caso: los jueces deberán determinar si existen “motivos sustanciales” para creer que El Hishri cometió los delitos imputados por la Fiscalía.

Si los cargos son confirmados, el caso pasará a una sala de primera instancia para la apertura formal del juicio.

La defensa ha adelantado que tiene objeciones sobre la jurisdicción de la Corte y la admisibilidad del caso.

Uno de sus argumentos es que los hechos investigados ocurrieron años después de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue el que remitió la situación libia a la CPI en 2011, lo que permitió al tribunal abrir una investigación por los presuntos crímenes cometidos en un país que no es miembro de la Corte.

La defensa también cuestiona la validez de la declaración posterior presentada por el Gobierno libio aceptando la jurisdicción de la corte.

Detrás del caso aparece además el complejo equilibrio político y militar libio, según señalan fuentes de la investigación, puesto que las milicias continúan ejerciendo un fuerte control territorial y sobre instituciones estatales, hasta el punto de que muchos de los grupos armados implicados están formalmente integrados en estructuras estatales y reciben fondos públicos.

“No hay una sola milicia en Libia que no esté en la nómina del Estado”, lamentan quienes describen a un país marcado por la división, la debilidad institucional y la coexistencia de gobiernos rivales y actores armados al mando de una sola nación.

La Fiscalía afronta muchas dificultades para investigar dentro de Libia y entrevista a los testigos fuera del país debido a la inseguridad y a la vigilancia de las milicias sobre los movimientos y comunicaciones.

El caso El Hishri no es el único relacionado con Mitiga: la CPI tiene varias órdenes de arresto públicas, incluida la del exdirector de la prisión Osama Najim al Masri, detenido en Italia el año pasado, aunque después fue devuelto a Libia y puesto en libertad, en contra de la petición de arresto emitida por este tribunal. EFE

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