Ciudad de México, 17 may (EFE).- El senador mexicano del partido gobernante Morena y exfuncionario clave del gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza, negó este domingo las versiones sobre contactos con autoridades de Estados Unidos, en medio de crecientes presiones por acusaciones contra exfuncionarios señalados de proteger al Cartel de Sinaloa.
Inzunza, quien no se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones difundidas a finales de abril, rompió el silencio en redes sociales para negar cualquier contacto con autoridades de EE.UU.
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El exsecretario General de Gobierno de Sinaloa (2021-2024) rechazó "firmemente" las imputaciones en su contra, que calificó como "mendaces" y sin sustento, y aseguró que ello "quedará demostrado en su momento".
Al mismo tiempo, negó tener "contacto alguno con autoridades extranjeras" y afirmó que no tiene ni contratará abogados porque "no hay razón para ello".
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"Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales", aseveró el abogado de profesión.
El senador oficialista añadió que ha servido "con rectitud" a México y Sinaloa (noreste del país) durante toda su trayectoria pública, defendió su honestidad e integridad y mencionó que permanece en ese estado "con los suyos".
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Las declaraciones de Inzunza ocurren luego de versiones periodísticas que señalaron que el senador se habría sumado a conversaciones con autoridades estadounidenses, después de que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaran a EE.UU.
Los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en medio de acusaciones de proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.
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Ambos forman parte de un grupo de 10 funcionarios, incluido el gobernador oficialista, actualmente con licencia de su cargo, Rubén Rocha Moya, señalados por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas a cambio de supuestos sobornos millonarios.
Según reportes difundidos el viernes, los dos exfuncionarios negocian con fiscales estadounidenses como posibles testigos cooperantes.
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El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de EE.UU. difundió una acusación contra 10 funcionarios de alto nivel en Sinaloa por presuntamente proteger operaciones de la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa, y facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Hasta ahora, el gobierno mexicano no se ha pronunciado oficialmente sobre las entregas, mientras la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha insistido en que "ningún gobierno extranjero" definirá el rumbo del país. EFE
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