Condenado en EEUU un hombre por gestionar una "comisaría ilegal" vinculada a China en Nueva York

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado a un hombre identificado como Lu Jianwang por gestionar una "comisaría ilegal" vinculada al Gobierno de China en la ciudad de Nueva York en el marco de una campaña para identificar y vigilar a supuestos disidentes chinos residentes en territorio estadounidense.

El hombre, conocido también como Harry, de 64 años, podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de prisión tras ser hallado culpable de ser un "agente ilegal del Gobierno chino" y haber "creado y gestionado una comisaría de Policía" en el barrio de Chinatown, en Manhattan, tal y como indica el Departamentok de Justicia en un comunicado.

Lu fue detenido junto a otro hombre de origen chino, Chen Jinping, en abril de 2023, ambos acusados de gestionar dicha comisaría en nombre del Ministerio de Seguridad Pública de China.

No es la primera vez que se detectan dependencias de este tipo en Estados Unidos u otros países. Canadá, así como algunos Estados europeos, han detectado comisarías similares, cuya existencia fue revelada por primera vez por la organización de defensa de los Derechos Humanos Safeguard Defenders, fundada en España.

Esta organización apunta a que este tipo de "comisarías" operan a menudo de forma secreta y son utilizadas para presionar a residentes chinos que se encuentran en el exterior para que regresen a su país de origen y se enfrenten a la Justicia.

El Gobierno chino ha admitido en el pasado contar con estos servicios en el exterior pero ha negado en todo momento que haya incurrido en "actividad policial", tal y como han denunciado algunas organizaciones, que acusan a Pekín de perseguir disidentes. Así, ha apuntado a que Pekín sí mantiene una red de comisarías de servicio en el extranjero pero descarta "comisarías policiales clandestinas".

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos estiman que existe un centenar de comisarías de este tipo en al menos 50 países. El Ministerio de Exteriores insiste, no obstante, en que el objetivo es "prestar ayuda a ciudadanos chinos" y señala que su existencia "no viola la ley porque no se desempeñan actividades delictivas" en estos centros.