Javier Aliaga
La Paz, 13 may (EFE).- La conflictividad que provoca tensiones en Bolivia combina demandas sectoriales y económicas, como mejoras salariales, abastecimiento de combustibles y la anulación de leyes, con exigencias políticas como la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quuein acaba de cumplir seis meses de Gobierno en medio de una ola de protestas que involucra a campesinos, indígenas, maestros, mineros y transportistas.
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Estos sectores, que fueron aliados políticos del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019), comenzaron las protestas a finales de abril con huelgas de 24 horas, bloqueos y marchas, mientras la Central Obrera Boliviana (COB), uno de los principales sindicatos del país, declaró una huelga general indefinida desde el 4 de mayo, pero la medida no ha tenido un seguimiento masivo.
Claves sobre los sectores en conflicto y sus demandas:
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Centenares de campesinos e indígenas de la Amazonía caminaron durante 24 días desde la región de Pando (norte) y llegaron a La Paz a principios de este mes para exigir la anulación de la Ley 1720 sobre la reclasificación de las pequeñas propiedades a medianas para ser objeto de créditos bancarios.
Estos sectores rechazan la norma por el riesgo de perder sus propiedades, mientras que empresarios de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico de Bolivia, sí la respaldan.
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Tras las presiones, Paz aceptó su abrogación, una decisión que está en trámite en el Parlamento.
La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz 'Tupac Katari', que agrupa a los sindicatos de agricultores aimaras de esta región, encabezan en gran parte los bloqueos carreteros en la zona andina del país.
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Los grupos comenzaron el corte de rutas la semana pasada en apoyo a los campesinos de la Amazonía, pero el fin de semana radicalizaron su posición exigiendo la renuncia del presidente Paz.
"Queremos que se vaya. Ya no queremos diálogo", afirmó el dirigente Jaime Condori mientras dirigía este miércoles una protesta en la ciudad de El Alto.
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, ha denunciado un "proceso conspirativo" y ha descartado la renuncia de Paz exigiendo respeto al voto popular que le llevó a la presidencia el 8 de noviembre de 2025.
El líder de la COB, Mario Argollo, presentó al Gobierno a finales de marzo un pliego de 211 demandas, entre las que destacan un aumento salarial del 20 %, el compromiso de no privatizar empresas estatales y que el Parlamento desista de considerar una ley contra los bloqueos.
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El Gobierno ha rechazado la posibilidad de atender la demanda salarial al considerarla inviable en el contexto de la crisis económica del país, con pronósticos de organismos multilaterales de un decrecimiento de 3,2 a 3,3 % para este año.
Las confederaciones de maestros urbanos y rurales, que en total suman 174.000 afiliados, realizan movilizaciones callejeras desde la semana pasada en La Paz para exigir un aumento salarial del 20 %, entre otras demandas.
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El Gobierno rechaza atender ese reclamo debido a la crisis económica y ha logrado con los educadores de las ciudades una tregua en las protestas mientras negocian sobre otros temas. Los maestros rurales mantienen sus manifestaciones.
El lunes pasado, una marcha de pocos centenares de seguidores de Evo Morales partió desde la localidad de Caracollo hacia La Paz, distante a 190 kilómetros, para oponerse a las reformas anunciadas por Paz en sectores estratégicos, además de exigir su renuncia.
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La protesta coincide con la emisión de una segunda orden de captura contra el exmandatario, después de que no se presentara esta semana a un juicio en el que está acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad cuando era presidente, entre 2015 y 2016.
Los sindicatos de chóferes de La Paz, que en días pasados participaron en una huelga nacional por la mala calidad de la gasolina, que ha dañado miles de vehículos, amenazaron con sumarse a las protestas pese a haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno.
También los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas advirtieron con unirse a los bloqueos y exigen la provisión permanente de combustible y material explosivo para su trabajo. EFE
(foto) (video)
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