
El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha suspendido temporalmente este sábado la aplicación legislativa implementada por el Congreso que permitiría reducir la condena al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y otros actores acusados de golpismo por los acontecimientos del 8 de enero de 2023.
El magistrado, instructor del juicio por el que el líder ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel, se habría apoyado en dos demandas entregadas por los partidos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la ley implementada por el Congreso, y serán revisadas por el pleno del Supremo antes de su decisión final.
PUBLICIDAD
"La interposición sobrevenida de un recurso directo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, la sentencia pendiente en revisión constitucional concentrada, constituye un hecho procesal nuevo y relevante que puede influir en la resolución de las solicitudes presentadas por la defensa", ha declarado el magistrado en su auto.
Moraes considera que los recursos presentados por los acusados a ojos de la nueva ley deberán esperar hasta que la corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma. De esta manera, Bolsonaro y los demás condenados deberán esperar para poder beneficiarse de una reducción de pena.
PUBLICIDAD
El proyecto de ley de Dosimetría establece que las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho democrático no deben aplicarse de forma acumulativa cuando se cometan en el mismo contexto. El texto también prevé una reducción de la pena de entre uno y dos tercios para los delitos de intento de golpe de Estado o abolición cuando se cometan en grupo, siempre que el autor no haya financiado el acto ni ejercido un rol de liderazgo.
La medida beneficiaría a los condenados por la trama golpista contra el actual mandatario, Lula da Silva, entre los que destacan el expresidente Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno.
PUBLICIDAD