Mali al límite: transición incierta bajo fuego yihadista y separatista

Mohamed Siali

Rabat, 8 may (EFE).- Mali, sumido en una inestabilidad crónica desde 2012, agrava su crisis política y de seguridad tras los ataques de grupos yihadistas y separatistas del norte del país, que han sacudido a la junta golpista en medio de una transición interna incierta y de una compleja reconfiguración geopolítica regional.

El pasado 25 de abril varias ciudades malienses, incluida la capital, Bamako, fueron blanco de una amplia ofensiva coordinada entre el Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama la independencia del norte de Mali, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel), en la que murió el ministro de Defensa, Sadio Camara.

Desde entonces se han sucedido los enfrentamientos, que han dejado centenares de víctimas, mientras los separatistas aumentan el cerco sobre Bamako.

La ofensiva que permitió a los separatistas arrebatar la estratégica ciudad de Kidal a las fuerzas gubernamentales supuso una gran derrota para el régimen militar de Assimi Goita, que llegó al poder en 2020 después de un golpe de Estado.

El ataque expuso el "equilibrio de debilidad" entre el régimen maliense, por una parte, y el FLA y JNIM, por la otra. También reveló el impacto de la ruptura de Mali con las fuerzas antiterroristas occidentales en 2020 y su retirada del Acuerdo de Argel con los independentistas del norte.

Incluso la coalición entre el FLA y JNIM es frágil, ya que los separatistas buscan recuperar su territorio y ganar legitimidad internacional, mientras que JNIM apuesta por la expansión armada y la erosión del Estado. Por eso, su alianza es táctica y podrían volver a chocar, como ocurrió en 2012.

La retirada sucesiva de la fuerza francesa Barkhane, la europea Takuba, la misión de entrenamiento de la UE (EUTM) y la misión de la ONU (Minusma), algunas después de una década en el país, y el desplome de la fuerza antiterrorista regional G5 Sahel, agravaron la vulnerabilidad de amplias zonas en términos de seguridad.

A cambio, la relación con Moscú se profundizó desde 2020. Tras anunciarse la salida de los mercenarios del Grupo Wagner que sustituyó a las misiones occidentales, otro contingente ruso, el 'Africa Corps', ocupó su lugar pero sin eficacia en la lucha antiterrorista.

El Acuerdo de Paz de Argel de 2015, que buscaba integrar a las facciones del FLA en las instituciones malienses, fue abandonado por la junta militar en 2024, lo que empujo a los nacionalistas norteños a volver a sus reivindicaciones secesionistas y a sellar una alianza con JNIM.

La junta militar cortó lazos con Occidente como un giro geopolítico "soberanista" para acabar con la "tutela colonial". Burkina Faso y Níger siguieron su ejemplo, y para romper su aislamiento, los tres países crearon la Confederación de Estados del Sahel (AES) y se acercaron a Rusia.

Además de las ofensivas militares, los yihadistas buscan desgastar al Estado con cortes de carreteras, asaltos, minado de rutas y bloqueo del abastecimiento, como hicieron esta semana cuando quemaron, al norte de Bamako, 14 camiones de transporte de alimentos procedentes de Marruecos.

Esta táctica convierte el conflicto en una guerra de control de líneas de suministro, y cuando los grupos armados se imponen, el Estado pierde presencia efectiva incluso en zonas donde formalmente sigue existiendo, como la ciudad de Ménaka (este), asediada por otro grupo yihadista, el Estado Islámico (EI).

Además de este impacto socioeconómico, la violencia y el cambio climático obligaron a huir del país a casi 336.000 personas: la mitad son refugiados en Mauritania y hay cerca de medio millón de desplazados internos, según datos recientes de ACNUR.

Mali no solo enfrenta un vacío de seguridad, sino también político. Después de seis años en el poder, la junta militar se niega a una transición hacia un gobierno civil y, en mayo del año pasado, disolvió todos los partidos políticos (unas 300 formaciones) y prohibió las actividades de carácter político.

Su legitimidad interna se deterioró aún más por su represión contra las voces opositoras. Solo tras los atentados de abril, el régimen detuvo a varios políticos acusados de colaborar con los separatistas, como el exministro Mountaga Tall. EFE