Lima, 7 may (EFE).- El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves una segunda inhabilitación contra la destituida fiscal general Delia Espinoza para ejercer cargos públicos por diez años, a raíz de una denuncia contra 11 parlamentarios que aprobaron una ley para seguir cobrando su pensión como militares o policías en retiro, además de su sueldo como congresistas.
A pesar de que el Congreso había aprobado una primera inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Espinoza en diciembre pasado, este jueves el pleno volvió a votar una moción presentada por el legislador Jorge Montoya, almirante de la Marina en retiro, y fue aprobada con 69 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.
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Horas antes, Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, había pedido al presidente interino de Perú, José María Balcázar, que observe parcialmente una autógrafa de ley que prohíbe a las personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos que puedan ocupar cargos directivos en los colegios profesionales, una medida que aparentemente busca también apartarla del decanato.
Espinoza ejerció el cargo de Fiscal de la Nación (fiscal general) desde noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025, cuando fue inicialmente suspendida del puesto en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.
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El Congreso aprobó en diciembre pasado una acusación constitucional para que Espinoza sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía Nacional.
En enero último, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de la judicatura, aprobó su destitución como fiscal suprema por haber dilatado la reincorporación de Benavides.
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La fiscalía general de Perú ha sido asumida de manera interina por el fiscal supremo Tomás Galvez, quien en una de sus primeras medidas disolvió los equipos especiales del Ministerio Público que investigaron casos emblemáticos de corrupción en el país, como el que implicó a la constructora brasileña Odebrecht, y la trama de ‘Los cuellos blancos’, donde él estaba involucrado. EFE