Madrid, 7 may (EFE).- El uso de drones para el narcotráfico se ha incrementado en los últimos años y las organizaciones criminales ya utilizan la inteligencia artificial con fines delictivos, en una escalada que demuestra el músculo económico de estas mafias, contra las que las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, representan "un retroceso", según expertos.
En un seminario organizado este jueves por la Fundación Carolina en Madrid, los expertos coincidieron en destacar la importancia de atacar el problema desde el punto de vista económico. "El modelo centrado en las operaciones policiales y militares se ha mostrado insuficiente", afirmó el especialista en políticas sobre drogas Javier Salgredo.
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La política antidroga de Trump, con ataques a presuntas narcolanchas en Latinoamérica, es "un retroceso", según la politóloga de la Universidad de los Andes María Victoria Llorente, que lamentó que el modelo esté "enfocado en pedir cuentas" a otros países y olvide "la corresponsabilidad".
"La lucha contra el lavado de dinero es menos eficaz desde que llegó Donald Trump al poder", añadió Sagredo.
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El caso del oro es un buen ejemplo del poco interés que tiene la Administración Trump en la lucha contra el blanqueo, según Llorente, que aseguró que EE.UU. está comprando oro obtenido ilegalmente.
"El tema de la financiación es esencial y necesita de cooperación internacional", enfatizó la responsable de Seguridad Corporativa del banco BBVA, Milena Patiño, que habló de la necesidad de "regular las criptomonedas".
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Patiño destacó la enorme capacidad económica de las organizaciones criminales, que se pueden permitir llevar a cabo "ataques con enjambres de drones" y "hacer uso de la IA".
Durante su intervención en Casa de América, los expertos recordaron datos preocupantes, como que el crimen organizado es el quinto empleador en México o que el 14 % de los latinoamericanos vive en zonas controladas por el narcotráfico.
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Lejos de solucionarse, el problema está alcanzando "cifras sin precedentes", según la secretaria de Estado de Cooperación Internacional española, Eva Granados.
Y el futuro no es halagüeño, según Patiño, que defendió que "la tasa acumulada de homicidios" es el mejor termómetro para predecir lo que ocurrirá en los próximos años, porque ya indicó con antelación lo que iba a pasar en Ecuador.
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Según esta tasa, países latinoamericanos que hasta ahora se mantenían al margen, como Costa Rica y Uruguay, "están cambiando" y parecen abocados a la inseguridad.
"Lo mismo ocurre con Europa", añadió Sagredo, que aseguró que la violencia se está recrudeciendo también en el Viejo Continente y cree que Occidente comete el error de "externalizar el problema" y decir que "la culpa es de los otros", cuando "el mayor valor añadido de las drogas se produce en los países ricos".
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Todos los participantes en el seminario estuvieron de acuerdo en que hay que buscar nuevas estrategias y modificar las políticas sobre drogas y seguridad, pero rechazaron que el cambio tenga que ir acompañado de una reducción de los derechos de los ciudadanos, como ha ocurrido en El Salvador.
Sagredo calificó la política de "mano dura" del presidente Nayib Bukele de "cortoplacista" y la secretaria de Estado española rechazó "la instrumentalización del problema de la seguridad para acabar con el Estado de derecho".
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"Hay que cambiar los objetivos policiales por los objetivos estratégicos y golpear las finanzas", concluyó Llorente. EFE
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