"Represión transnacional" en Nicaragua: alertan de amenazas y ejecuciones en el exilio

San José, 6 may (EFE).- La defensora de derechos humanos nicaragüense Wendy Flores alertó este miércoles sobre la "represión transnacional" que ejecuta el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra opositores y críticos en el exilio.

"El Colectivo al que pertenezco ha documentado más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025", advirtió la abogada Flores, vicepresidenta de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, durante una intervención virtual ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

La activista, que denunció el exilio forzoso, la pérdida arbitraria de la nacionalidad y la apatridia "como parte de la represión transnacional de la dictadura Ortega-Murillo", afirmó en su presentación que el equipo del organismo, con sede en San José, "enfrenta altos riesgos para su vida y seguridad en Costa Rica por seguir alzando sus voces".

"Por esta razón consideramos fundamental la realización de estrategias que aseguren la recuperación de la identidad de quienes han sufrido exilio, desnacionalización y apatridia", abogó.

A la Unión Europea le solicitó desarrollar acciones como presentar demandas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violación de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y por la violación a la Convención contra la Tortura.

También facilitar los mecanismos para otorgar la nacionalidad a personas en condición de apatridia y/o apatridia de facto, y continuar brindando protección internacional a las víctimas y denunciar ante la Corte Penal Internacional a los principales perpetradores de los crímenes de lesa humanidad con carácter extraterritorial.

Flores, quien se presentó como una de las 873.000 personas que han salido de Nicaragua por razones de seguridad desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por una controvertida reforma a la seguridad social, dijo que además del exilio, desde febrero de 2023 a la fecha "la dictadura Ortega Murillo ha arrebatado la nacionalidad a 452 nicaragüenses".

"Junto con ello, fueron expropiados sus bienes, sus nombres fueron cancelados del Registro Civil de las personas, afectando a niños y niñas, cuyas partidas de nacimiento fueron alteradas para ocultar al padre o madre del menor", indicó.

Asimismo, denunció que al menos el 33 % de los desnacionalizados son adultos mayores y han documentado 292 nicaragüenses que han sido impedidos de ingresar al país, "en un acto considerable a un destierro que junto con la negación de documentos de identidad los convierte en apátridas de facto, lo que trae como consecuencias una serie de violaciones a sus derechos humanos".

"El exilio, la desnacionalización y apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen, que en su afán de seguir silenciando las voces críticas y perpetuarse en el poder, ha extendido su persecución fuera del país", anotó. EFE