El Consejo Fiscal Autónomo chileno atribuye a la megarreforma de Kast déficits fiscales hasta al menos 2031

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile, órgano encargado de evaluar la salud fiscal del Ejecutivo, ha emitido un crítico informe sobre la llamada megarreforma del presidente chileno, José Antonio Kast, afirmando que el proyecto del que el mandatario ultraconservador ha hecho su pilar fundamental desde su llegada a La Moneda "presenta déficits fiscales al menos hasta 2031", incluso "considerando el crecimiento", y hasta 2050 en caso contrario.

"El impacto final del proyecto sobre el balance fiscal depende críticamente de la materialización del crecimiento económico proyectado", ha criticado el CFA en su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ha recogido el propio Consejo en un comunicado.

En este sentido, la entidad ha señalado que, "sin el efecto del crecimiento, la iniciativa genera un deterioro fiscal permanente del 0,43% del Producto Interior Bruto (PIB) en régimen (2050)". Asimismo, ha precisado que, aun "incorporando el efecto crecimiento, el balance fiscal mejoraría al 0,78% del PIB en régimen (2050), pero en 2030 seguiría siendo deficitario en un 0,3% del PIB".

Además, el organismo --autónomo, de carácter técnico y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio-- ha sostenido que entre 2026 y 2031, la megarreforma "genera un impacto fiscal neto negativo", según recoge la nota, que agrega que "para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto". En este sentido, el CFA ha planteado que "las fuentes de financiamiento no compensan los menores ingresos fiscales".

"Los costes fiscales (o menores ingresos) directos de las medidas se materializan con mayor certeza desde el primer año de vigencia. En contraste, los beneficios dinámicos asociados al mayor crecimiento se incorporan de forma gradual en el tiempo y con mayor incertidumbre respecto del momento de materialización de los efectos, y de la velocidad y magnitud de transmisión hacia PIB y recaudación", ha alertado.

Este desfase, ha mantenido el órgano, podría "afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas". "De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe fiscal, presionando aún más el contexto de estrechez fiscal", ha aseverado en una exposición en la que, con todo, ha valorado "especialmente que el proyecto priorice el crecimiento económico y promueva la eficiencia del gasto".

"El proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, y se han identificado diversos riesgos que podrían aumentarlos", ha advertido en una conclusión final en la que ha subrayado que la megarreforma "compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento". Esto, ha incidido, "podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas".

Por ello, el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado que, "dada la envergadura del proyecto y sus impactos (...) se aborden los espacios de mejora y se analice en conjunto con las proyecciones fiscales actualizadas en el próximo Informe de Finanzas Públicas, la definición de las nuevas metas fiscales y el plan de acciones correctivas por el desvío de la meta de 2025".

Tras la presentación del informe, el Ejecutivo de Kast se ha manifestado a través de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha declarado que analizarán lo expuesto por el CFA antes de responder: "Nosotros lo hemos conocido recientemente, hace unas pocas horas este informe y por lo tanto lo tenemos que analizar detenidamente en su mérito y lo responderemos en tiempo y forma oportunamente", ha respondido en declaraciones al diario 'La Tercera'.

El proyecto estrella del Ejecutivo ultraconservador, oficialmente "Ley de reconstrucción y desarrollo económico y social", pretende hacer crecer a Chile a través de la implementación de más de 40 medidas organizadas en torno a cinco ejes: competitividad tributaria, fortalecimiento del empleo formal, desregulación, seguridad jurídica y contención del gasto público.

Según explicó a mediados de abril el inquilino de La Moneda, el proyecto no es una "agenda ideológica", sino "una oportunidad para que los chilenos, en unidad" cambien "el rumbo pensando en las futuras generaciones". Por ello, instó al Congreso a tramitar la norma "con urgencia y con altura de miras".