Italia aprueba un polémico decreto para incentivar la repatriación voluntaria de migrantes irregulares

La Cámara de Diputados italiana ha aprobado un nuevo decreto de seguridad que ha levantado dudas por su constitucionalidad y que ha obligado al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni a corregir en el último minuto varias de sus disposiciones, entre ellas detalles de la polémica retribución de 615 euros a abogados que prioricen casos de repatriación voluntaria de migrantes irregulares.

"El Gobierno da otro paso concreto para reforzar la tutela de los ciudadanos, defender a quienes visten un uniforme y afirmar con claridad un principio simple: en Italia, la legalidad no es negociable", ha expresado Meloni en un mensaje publicado en redes sociales.

La primera ministra italiana ha afirmado que con la medida aprobada este viernes el Estado tendrá "más instrumentos para combatir la violencia, el deterioro, las ocupaciones abusivas, la criminalidad extendida y la inmigración ilegal". "Nosotros seguimos adelante así: con seriedad, determinación y con la voluntad de dar respuestas concretas a los italianos", ha argüido.

La legislación --que ha salido adelante con 162 votos a favor, 102 en contra y una abstención tras dos intensos días de debate-- contempla no solo este incentivo, sino otras medidas, como endurecer el control sobre las armas blancas o la "detención preventiva" de hasta doce horas para personas consideradas peligrosas.

En protesta, la bancada de la oposición ha cantado el 'Bella Ciao' en el hemiciclo, un gesto calificado de "falta de respeto" por el vice primer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, según ha recogido la agencia de noticias Rai.

RETRIBUCIÓN A QUIENES TRABAJEN EN RETORNOS

El Consejo de Ministros ha tenido que aprobar una medida correctiva para que la retribución esté condicionada "a la finalización del procedimiento administrativo" y no solo a la salida del migrante", como se planteaba antes, mientras que también ha eliminado las secciones que hacen referencia al Consejo Nacional Forense (CNF) como órgano encargado de implementar la medida.

De la misma forma, ha ampliado el abanico de beneficiarios eliminando "el requisito de que dicha asistencia deba ser prestada exclusivamente por un abogado" para incluir así a mediadores y asociaciones que trabajan con migrantes irregulares.

Los cambios se producen después de que el presidente italiano, Sergio Mattarella, convocara al subsecretario a la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Alfredo Mantovano, para expresarle preocupación por la medida, ya que los expertos legales consideraban que el incentivo entraba en conflicto con los principios de independencia y autonomía de los abogados.

El gabinete de Meloni ha tenido así que hacer los cambios 'ad hoc' en el último minuto antes de que expirase el plazo el sábado para que el Parlamento aprobase la medida y después de que el propio CNF informara de que "nunca fue informado" de que tenía que encargarse de las retribuciones "ni antes de que se presentara ni durante su proceso parlamentario".

"La institución insta al Parlamento a intervenir para eliminar cualquier implicación, haciendo hincapié en que las actividades previstas no entran dentro de su competencia institucional", indicó en un comunicado la CNF, órgano de representación institucional de la abogacía italiana.

El decreto, tal y como estaba redactado, suscitó críticas por parte de los abogados, que afirmaban que distorsionaba su rol y sus funciones, "esenciales para garantizar la estructura democrática de nuestro sistema jurídico".

"Toda persona, sea migrante o ciudadana, tiene derecho a una defensa efectiva y a un abogado que sea, y parezca ser, libre de intereses creados en las decisiones tomadas en defensa de su cliente", indicó el OCF, órgano sindical de la abogacía italiana.