Bangkok, 15 abr (EFE).- Varias ONG pidieron este miércoles a Singapur que frene la ejecución prevista para mañana de un hombre condenado por traficar un kilogramo de marihuana, en el que sería el octavo ahorcamiento por delitos de narcotráfico en la próspera ciudad-Estado asiática en 2026.
La policía aduanera detuvo en 2018 a Omar bin Yacob Bamadhaj, un singapurense de ahora 41 años que intentaba entrar al país desde Malasia con 1.009 gramos de cannabis, indicaron hoy en un comunicado conjunto Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Capital Punishment Justice Project y la Red Asiática contra la Pena de Muerte.
La justicia singapurense lo condenó por un delito de narcotráfico y, tras el rechazo de su apelación en octubre de 2021, fue sentenciado a muerte cuatro meses después.
El juez determinó que Omar solo actuó como transportista, pero al no recibir un certificado de colaboración de la fiscalía que acreditara su colaboración en la investigación contra otras redes de narcotráfico, no pudo optar a la reducción de la pena prevista por la ley, por lo que se le impuso la pena de muerte obligatoria.
Tras varios años en el corredor de la muerte, la familia de Omar recibió el pasado 2 de abril una notificación del Servicio Penitenciario de Singapur informándole de que sería ejecutado este jueves 16 de abril.
En lo que va de 2026, Singapur ha ahorcado a siete personas, todas por delitos relacionados con las drogas, según datos oficiales y de ONG. La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.
El derecho internacional establece que los países que no han abolido la pena capital deben reservarla "solo para los delitos más graves", una categoría que no incluye a aquellos relacionados con las drogas, según coinciden expertos de Naciones Unidas, señala el escrito.
Los ahorcamientos, el método que emplea la ciudad-Estado, aumentaron en Singapur en 2025, con 15 casos confirmados por las autoridades, superando el récord previo del que tienen constancia organizaciones como AI, que situaba en 13 las ejecuciones registradas en 2003.
La isla, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos y con un argumento que contrasta con otros países del Sudeste Asiático, que o bien han reducido su uso en los últimos años o han dado pasos hacia la abolición, como Malasia.
En cuanto a las consideraciones sobre la marihuana, el enfoque de Singapur contrasta radicalmente con el de países de la región como Tailandia, que ha despenalizado su consumo. EFE
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