Una provincia de Argentina presenta un amparo contra la reforma de la ley de glaciares

Buenos Aires, 9 abr (EFE).- El Gobierno de la provincia argentina de La Pampa (centro) anunció la presentación ante la Justicia de un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este jueves por el Congreso del país suramericano.

"El amparo plantea la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la ley que ha aprobado el Congreso porque lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución nacional y en convenciones internacionales", dijo en rueda de prensa el gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto.

En la madrugada de este jueves la Cámara de Diputados de Argentina aprobó y convirtió en ley una iniciativa impulsada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei que permite los proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares.

La norma aprobada modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

"Esta ley va a afectar muchísimo a todos los habitantes de La Pampa. Nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente", advirtió Ziliotto.

El mandatario provincial recordó que La Pampa no tiene glaciares pero se nutre de agua del río Colorado, en un área glacial de la Cordillera de los Andes.

"Si bien los glaciares no están en nuestra provincia, son parte de nuestro patrimonio y del derecho al acceso a un ambiente sano y al agua", añadió.

La acción de amparo fue presentada ante un tribunal federal de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) por el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

La cuestión de los glaciares y la actividad minera cerca de ellos ya fue tratada por la Justicia argentina en la pasada década.

En 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares aprobada en 2010.

En aquel fallo, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

La ley aprobada este jueves otorga a las provincias con glaciares dentro de su territorio la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.

El Gobierno de Milei ha alegado que la modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".

La reforma ha desatado una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina. EFE