Alemania critica la nueva ley que avala la pena de muerte a palestinos condenados por matar a israelíes

La normativa contemplada únicamente para acusados palestinos y que fue aprobada recientemente en el Parlamento israelí ha generado preocupación entre representantes internacionales y organizaciones de derechos humanos, señala el medio Europa Press. El Gobierno alemán ha expresado de manera clara su rechazo a la nueva legislación, advirtiendo sobre el riesgo de discriminación y la contradicción con los fundamentos de su política exterior.

Según informó Europa Press, la Knesset aprobó el lunes una ley que permite la pena de muerte para los palestinos de Cisjordania condenados por matar a israelíes en casos calificados como “actos de terrorismo”. La medida hace posible que los tribunales militares de la región impongan la pena capital por mayoría simple, suprimiendo el requisito previo de unanimidad entre los jueces. Además, elimina el derecho de apelación para los condenados.

Durante una rueda de prensa en Berlín, el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, precisó que la preocupación principal radica en que la ley se aplicaría exclusivamente a los palestinos de los territorios ocupados, mientras que ciudadanos israelíes, incluso colonos implicados en delitos similares, continuarán siendo juzgados en tribunales civiles, donde la pena de muerte no está prevista para estos casos. Kornelius reiteró que rechazar este castigo es una característica fundamental de la política de Alemania: “No podemos respaldarla”, declaró, lamentando la decisión de la Knesset y matizando que, si bien reconocen la actuación contundente de Israel frente al terrorismo tras los ataques del 7 de octubre, el Ejecutivo federal alemán mantiene una postura crítica respecto al enfoque legislativo adoptado.

El marco jurídico de Israel solo mantuvo la pena de muerte para situaciones extraordinarias después de abolirla formalmente para homicidios en 1954. Desde entonces, la ejecución se ha practicado únicamente en casos como el del criminal nazi alemán Adolf Eichmann, ahorcado en 1962. El nuevo texto legal especifica que la sanción se dirigirá a quienes causen “intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que, según Europa Press, excluye en la práctica a cualquier individuo con creencias sionistas, incluso si cometiera un acto similar en cuanto a la gravedad.

El argumento del Gobierno israelí es que esta respuesta legal está justificada por los crímenes definidos como terrorismo y responde a la escalada de violencia en los últimos meses. No obstante, Alemania sostiene que la ley representa una diferenciación jurídica entre poblaciones bajo control del Estado, incompatible con valores democráticos y normas internacionales. A diferencia del sistema penal militar en los territorios palestinos, el sistema civil donde se juzgan los israelíes no contempla la pena de muerte, lo cual refuerza, según Kornelius, el carácter discriminatorio de la medida.

Europa Press detalló que el texto legal prevé, en su formulación, aplicarse a todo ciudadano; sin embargo, su funcionamiento efectivo acota la pena capital únicamente a los palestinos procesados en los tribunales militares de Cisjordania. Esta especificidad se refleja en uno de sus artículos, que excluye a cualquier persona cuya motivación no sea la negación de la existencia del Estado de Israel, perfilando así un criterio aplicado esencialmente de manera exclusiva a la población palestina.

Según publicó Europa Press, la nueva legislación no tendrá efecto retroactivo sobre los detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, avanza en paralelo otra iniciativa legal en la Knesset que podría prever la aplicación de la pena de muerte de forma retroactiva para esos casos concretos.

El Gobierno alemán reiteró su apoyo al derecho de Israel a defenderse y a tomar medidas contra el terrorismo, pero enfatizó que la imposición de la pena de muerte y su carácter aplicable sólo a una población específica contradice principios universales que rigen la política exterior germana. Berlín considera que semejantes diferencias legislativas dentro de un mismo estado pueden agravar las tensiones existentes y debilitar la percepción de legitimidad de las instituciones ante la opinión pública internacional.

A lo largo de la jornada, distintas voces dentro de la comunidad internacional mostraron inquietud respecto al alcance de esta ley. Según consignó Europa Press, representantes diplomáticos y organizaciones alertan sobre el potencial impacto en el conflicto israelí-palestino y advierten acerca de las implicaciones en términos de derechos humanos. Este debate se suma al ya intenso escrutinio que enfrentan las prácticas judiciales y de seguridad en la región, particularmente en el contexto de la actual escalada bélica y la compleja situación humanitaria en los territorios ocupados.

Las autoridades alemanas insisten en la necesidad de actuar con proporcionalidad y de buscar mecanismos que respeten herramientas judiciales basadas en la igualdad ante la ley, valores que consideran pilares de la convivencia internacional. Berlín reafirmó su postura frente a la reciente votación parlamentaria y solicitó al Gobierno israelí reconsiderar marcos jurídicos que afectan a segmentos concretos de la población bajo su jurisdicción, según reportó Europa Press.