Iglesia y Gobierno de España firman acuerdo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno de España, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo firmaron este lunes un protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito.

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril.

Según el protocolo, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos, mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, quien realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

“A partir de ahora, existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad”, señalaron la CEE y la Confer en un comunicado.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.

Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.

En su trabajo, esta unidad tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025, cuando fue constituida, atendiendo a las 13 solicitudes recibidas.

Así, la CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule el Defensor del Pueblo.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.

Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.

La Iglesia ha recordado que este sistema “no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”.

Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas “que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario”. EFE