Chile desplegará a funcionarios para "fiscalizar" a empresas que contraten a migrantes irregulares

Autoridades anticipan inspecciones en las compañías sospechosas de emplear personas sin documentos legales, destacando que la nueva estrategia tendrá un carácter preventivo y busca desalentar la contratación irregular sin convertirse en una persecución sistemática

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En una entrevista con un programa del diario 'La Tercera', Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, explicó que actualmente, quienes ingresan de manera irregular al país incurren en "una simple falta" en lugar de un delito. El director subrayó que, aunque las empresas cumplen la legislación laboral, no necesariamente observan la normativa migratoria, y afirmó que las inspecciones laborales no indagan sobre la situación migratoria de los trabajadores. Sobre este escenario, Sauerbaum anunció una nueva estrategia: el despliegue de funcionarios para fiscalizar a compañías sospechosas de emplear personas sin documentos legales.

Según detalló el medio 'La Tercera', la iniciativa anunciada por el Gobierno de José Antonio Kast pretende tener un enfoque preventivo y disuasivo, evitando que la acción se convierta en una persecución generalizada contra las empresas. Sauerbaum recalcó que "no va a ser una caza de brujas ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre (en estas prácticas) con más frecuencia", remarcó el funcionario, dejando en claro que el objetivo es desalentar la contratación irregular.

El medio 'La Tercera' reportó que Sauerbaum también abordó el intento del gobierno anterior, liderado por Gabriel Boric, de regularizar a aproximadamente 182.000 migrantes que, habiendo ingresado de forma irregular, se encontraban empadronados en el país. Según indicó el director de Migraciones, el decreto que daba pie a la regularización fue preparado "una semana antes de dejar el cargo", pero la administración actual decidió paralizar su avance. Sauerbaum sostuvo ante 'La Tercera' que de ese grupo de 182.000 personas, unas 6.000 presentaban antecedentes judiciales o habían cometido delitos, y agregó que la medida fue frenada porque provocó un amplio rechazo ciudadano.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, José Antonio Kast incluyó en sus promesas la expulsión de cerca de 337.000 migrantes en situación irregular, una cifra que incluye a una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, según reportó 'La Tercera'. Una vez en funciones, el Gobierno de Kast ha elaborado propuestas legislativas para endurecer el control migratorio: se planteó castigar a quienes faciliten el ingreso clandestino de personas y convertir en delito el acceso ilegal al país.

'Según consignó La Tercera', apenas unos días después de haber asumido la presidencia, Kast se trasladó a la región de Arica, en el extremo norte del país, donde dio inicio a las obras de construcción de barreras físicas en la frontera con Perú, con el fin de dificultar el ingreso irregular de migrantes. Estas acciones se inscriben dentro de una política que busca reforzar los controles fronterizos y limitar el cruce clandestino hacia el territorio nacional.

La estrategia de fiscalización a empresas forma parte de un paquete de medidas que pretende desinflar la demanda de mano de obra irregular sin aplicar sanciones punitivas como primera vía, sino apostando por la disuasión y la prevención en los entornos laborales. Según expuso Sauerbaum a 'La Tercera', la intención es que quienes empleen migrantes sin papeles legales sean identificados en aquellos sectores donde la incidencia resulte más frecuente, pero sin incurrir en acciones de persecución masiva.

Por último, el medio chileno relató que el debate sobre la regularización migratoria ha generado divisiones tanto en la política como entre la ciudadanía, especialmente tras la divulgación de las cifras de personas con antecedentes judiciales en el grupo sujeto a posible regularización. Las decisiones adoptadas por el gobierno de Kast en este ámbito refuerzan el endurecimiento de la política migratoria iniciada en la frontera y proyectan su alcance hacia el interior del país mediante la fiscalización de los empleadores.