Asociación progresista israelí recurre al Supremo la ley de pena de muerte a 'terroristas'

Jerusalén, 30 mar (EFE).- La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés) presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo contra la ley para la pena de muerte contra 'terroristas', destinada a aplicarse en palestinos de Cisjordania y aprobada hoy mismo por el Parlamento nacional.

"La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Supremo en el que exige la anulación de la Ley de pena de muerte para terroristas, aprobada hoy, 30 de marzo de 2026, por la Knéset (el Parlamento)", recoge un comunicado publicado en el momento en que se conoció que la aprobación.

El texto aprobado establece la pena de muerte por la horca a condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).

Mientras que para los palestinos de Cisjordania impone la pena capital a los tribunales militares que los juzgan -una obligación con excepciones no definidas-, en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital.

ACRI recurre la norma aludiendo a dos argumentos legales: el Parlamento de Israel no tiene soberanía sobre Cisjordania, territorio palestino ocupado; y que la propia ley es inconstitucional al violar el derecho a la vida, a la dignidad humana, a un proceso con las debidas garantías y la igualdad.

Sobre la carencia de soberanía, establece: "Según el derecho internacional que regula la ocupación militar, la autoridad legislativa recae en el comandante militar, y no en la Knéset".

"Aunque la Knéset ha aprobado anteriormente leyes para aplicar la legislación israelí a los colonos israelíes, esta ley es radicalmente diferente: se aplica a la población palestina protegida", continúa.

Que el Parlamento apruebe esta condena a muerte aplicable a palestinos (que serían sentenciados por mayoría simple de un tribunal militar) es un paso más a la anexión de facto de Cisjordania, sostiene el comunicado.

Respecto a su inconstitucionalidad, alega que elimina los mecanismos que suplen las fallas del sistema judicial: "Suprime el requisito de unanimidad en los tribunales militares, permite a los jueces imponer la pena de muerte incluso cuando los fiscales no la solicitan y elimina cualquier oportunidad significativa de pedir clemencia o demostrar la inocencia dentro del plazo de 90 días previo a la ejecución".

Asimismo, recuerda que la ley es discriminatoria por naturaleza, dado que mientras la pena de muerte se convierte en prácticamente obligatoria en las cortes militares que juzgarán a los palestinos, el proceso penal ordinario para ciudadanos israelíes requerirá demostrar que buscan "negar la existencia del Estado de Israel", lo que "garantiza que ningún autor judío pueda acogerse a ella".

"Por último, la ley carece de fundamento probatorio: ningún organismo (incluido el Shin Bet) ha podido demostrar que la pena capital disuada de la violencia motivada ideológicamente", sentencia ACRI.

La ley ha sido aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra. Su promotora, la diputada ultraderechista Limor Son Har-Melej, celebró el resultado al grito de "Israel vive", mientras que el líder de su formación (Poder Judío), Itamar Ben Gvir, trató de descorchar en el Parlamento una botella de champán. EFE