
Entre los aspectos destacados por las Naciones Unidas durante los primeros meses de 2026 se identificó que casi la mitad de las muertes civiles en el conflicto en Ucrania correspondió a personas de edad avanzada, quienes se enfrentaron a condiciones especialmente peligrosas para su evacuación debido a la presencia de minas terrestres y ataques persistentes con drones en las áreas cercanas a la línea del frente. La vicesecretaria general para Derechos Humanos de la ONU, Nada al Nashif, expuso ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la tasa de víctimas civiles en Ucrania durante enero y febrero representa cerca del doble de la cifra de 2025, reflejando un agravamiento de la situación para la población no combatiente, según reportó la ONU.
Según los datos proporcionados durante la intervención de Al Nashif, la proporción de víctimas civiles se incrementó notablemente desde el año anterior: en 2025 se registraron al menos 580 fallecidos y 3.000 heridos entre la población civil, mientras que solo en los dos primeros meses de 2026 las muertes alcanzaron las 107 personas y los heridos sumaron 430. El medio ONU Noticias informó que Al Nashif precisó que el 60% de todas las víctimas civiles en el periodo reciente se localizó en regiones situadas en la primera línea del conflicto, y remarcó que el porcentaje de adultos mayores entre los fallecidos fue especialmente alto.
La vicesecretaria remarcó que los ataques con drones de corto alcance se identificaron como la causa principal de las muertes y lesiones reportadas, con un 95% del total de los incidentes afectando tanto a zonas bajo control del gobierno ucraniano como a las áreas ocupadas por fuerzas rusas. Además, señalizó que el empleo de minas terrestres sobre carreteras y caminos rurales dificulta y pone en peligro los procesos de evacuación de civiles, dejando atrapadas a numerosas personas cerca de los puntos de combate.
Durante la sesión, Al Nashif elevó una petición al Estado ucraniano para asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los prisioneros de guerra, incluyendo la prohibición de tortura y toda forma de malos tratos. Paralelamente, denunció que “más del 96% de los prisioneros de guerra ucranianos” entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos declararon haber sufrido torturas y tratos degradantes durante su cautiverio. Frente a esto, Al Nashif urgió a la Federación Rusa a poner fin al conflicto armando y a cesar las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otras violaciones graves en contra de prisioneros de guerra y detenidos civiles, tal como subrayó la ONU.
Por su parte, el representante permanente de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Yevhenii Tsymbaliuk, denunció durante la misma sesión el desplazamiento forzoso de miles de residentes civiles en áreas ocupadas por fuerzas rusas en Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporiyia y Crimea. Según declaró Tsymbaliuk y recogió la ONU, esta táctica responde a una estrategia “deliberada” del gobierno ruso orientada a infundir temor entre la población local, suprimir las expresiones de disenso y sancionar a quienes rehúsan abandonar sus viviendas o acatar políticas impuestas por la autoridad ocupante.
En contraste, la delegación representante del gobierno ruso ante el foro de Ginebra rechazó el informe expuesto por Al Nashif. Según la misma cobertura de la ONU, la delegación rusa solicitó a la vicesecretaria general que no prestara su apoyo al gobierno ucraniano, argumentando que las autoridades de Kiev emprenden una “guerra contra disidentes, blogueros, periodistas y enemigos de Zelenski”.
La información divulgada por la ONU refleja una tendencia al agravamiento del riesgo humanitario en Ucrania, relacionada principalmente con la escalada de ataques con drones y la utilización generalizada de minas terrestres en zonas de enfrentamiento. Estos hechos han incrementado las dificultades para la población civil, especialmente para los grupos más vulnerables, en el contexto de una guerra que ya había provocado cientos de muertes y miles de heridos el año anterior.
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