La MONUSCO despliega seis bases militares móviles ante la violencia en el noroeste de RDC

En respuesta a la intensificación de los combates y a la reciente escalada de enfrentamientos iniciados el pasado 5 de diciembre entre el Ejército congoleño y las milicias de la Convención para la Revolución Popular (CRP) en la provincia de Ituri, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) ha puesto en marcha la operación “Nyundo II”, cuyo objetivo principal consiste en desplegar seis bases militares móviles en puntos considerados estratégicos para contener la violencia de los grupos armados, proteger a la población civil y asegurar la asistencia humanitaria urgente. Con este despliegue, MONUSCO pretende frenar el avance de milicias responsables de ataques a civiles y facilitar tanto el acceso a servicios sanitarios como la posibilidad de que los desplazados retomen, en la medida de lo posible, actividades agrícolas en zonas afectadas por la violencia, según indicó el medio Europa Press.

El despliegue abarca tanto el territorio de Djugu como el de Irumu, zonas donde la presencia armada de diversas milicias representa una amenaza constante para la seguridad de los habitantes. De acuerdo con Europa Press, las bases móviles quedarán distribuidas en tres enclaves de Djugu (Tshumbu, Lopa y Lodha) y tres en Irumu (Bavunkutu, Boga y Taliaba), todos localizados cerca del lago Alberto, en la frontera entre la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. El objetivo es asegurar rutas para el desplazamiento seguro de la población civil y permitir la llegada de ayuda, así como la atención médica a quienes resultan heridos en los combates.

El organismo de Naciones Unidas ha destacado la multiplicidad de actores armados en la región, entre los que sobresalen la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y la Convención para la Revolución Popular (CRP), cuyas actividades afectan especialmente a los territorios mencionados. También se reportan incidentes a manos de grupos como Zaïre y elementos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), estas últimas asociadas al Estado Islámico. Las operaciones de dichos grupos no solo perpetúan la violencia, sino que condenan a la población local a una situación de desplazamiento forzado, inseguridad y dificultades para acceder a bienes básicos y medios de vida, consignó Europa Press.

La crisis actual en Ituri se enmarca dentro de una historia reciente de conflictos étnicos y enfrentamientos entre milicias. Europa Press detalló que las milicias de la CRP son consideradas la última derivación de las redes creadas por Thomas Lubanga, condenado por crímenes de guerra relacionados con la fundación de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC), que jugó un papel relevante en los conflictos que se sucedieron en Ituri entre 1999 y 2007, marcados por rivalidades entre la etnia lendu y los pastores hema. Lubanga fue el primer detenido bajo orden del Tribunal Penal Internacional en 2006, acusado por la comisión de graves crímenes como masacres étnicas, reclutamiento infantil, violaciones y mutilaciones. Tras una condena de 30 años, recuperó la libertad en 2020 tras cumplir la mitad de la sentencia.

MONUSCO ha hecho especial énfasis en la importancia de asegurar servicios médicos a las víctimas, y en habilitar que los desplazados puedan trasladarse de manera segura y acceder a actividades fundamentales como la agricultura. Según comunicó la misión y reportó Europa Press, la proliferación de grupos armados y la frecuencia de los ataques han limitado severamente la capacidad de los habitantes para permanecer en sus lugares de origen y mantener sus medios de subsistencia.

El despliegue de las nuevas bases se anunció el mismo día en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deliberó sobre la crisis en la provincia de Kivu, situada unos 600 kilómetros al sur de Ituri, junto al lago Kivu. En una sesión informativa, la representante especial adjunta del Secretario General para la protección y las operaciones de la MONUSCO, Vivian Van de Perre, advirtió sobre la grave afectación que los recientes episodios de violencia tienen sobre mujeres y niños, y subrayó el aumento de asesinatos, violencia sexual y desplazamientos. Europa Press indicó que Van de Perre reiteró el llamado a que ninguna parte involucrada tome a civiles o trabajadores humanitarios como objetivo, instando a que los responsables rindan cuentas. Recordó que esa petición llega tras el ataque ejecutado la semana anterior con un dron sobre la ciudad de Goma, dominada por el M23, donde fallecieron tres personas, entre ellas una trabajadora francesa del UNICEF.

En este escenario, las cifras humanitarias expuestas ante el Consejo de Seguridad son significativas: 6,4 millones de personas se encuentran desplazadas y otras 26,6 millones atraviesan condiciones de inseguridad alimentaria, informó Europa Press. La representante de Naciones Unidas enfatizó la urgencia de medidas eficaces para proteger a la población más vulnerable, así como el robustecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas por los delitos cometidos.

Durante el debate en el Consejo, el delegado de Ruanda, Karoli Martin Ngoga, hizo hincapié en lo que consideró una amenaza ineludible por parte de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), calificadas como “una fuerza genocida”, surgida de hutus extremistas implicados en el genocidio ruandés de 1994 y con intenciones, según sus palabras, de “exterminar a un pueblo”. El representante ruandés destacó la necesidad de enfrentar esta amenaza de modo prioritario para cualquier salida sostenible al conflicto, además de urgir medidas de protección más estrictas frente a los ataques con drones y el aumento de víctimas civiles. Reafirmó el compromiso de Ruanda con una solución duradera y pidió un seguimiento justo y equitativo de los acuerdos alcanzados en los procesos de paz.

Por su parte, el representante de la RDC, Zenon Ngay Mukongo, expresó su indignación por la continuidad de las hostilidades en el este del país, a pesar de los acuerdos político-diplomáticos alcanzados en reuniones anteriores. Europa Press detalló que Mukongo denunció el respaldo que, según el Gobierno congoleño, continúa proporcionando la Fuerza de Defensa de Ruanda a las operaciones del grupo rebelde M23 dentro de territorio congoleño, acción que describió como una violación grave de la soberanía nacional e integridad territorial de la RDC. Apuntó, además, a la persistencia de administraciones paralelas y la amenaza de nuevos movimientos armados por parte del M23, lo que obstaculiza el restablecimiento de la autoridad estatal en la región, y manifestó que el respeto pleno de la integridad territorial resulta un prerrequisito para cualquier solución viable.

El reporte de Europa Press puntualizó, además, la postura del M23, que tras ocupar Goma en enero de 2025, acusó a las Fuerzas Armadas congoleñas de lanzar desde el 25 de febrero una “ofensiva a gran escala” —incluidos según el grupo ataques en zonas densamente habitadas—, mientras se mantiene nominalmente un alto el fuego. El M23, formado principalmente por tutsis congoleños y respaldado por Ruanda según múltiples actores internacionales, controla amplias áreas de Kivu Norte y Kivu Sur, incluyendo sus capitales provinciales, contexto que ha incrementado la tensión política y militar entre Kinshasa y Kigali.

El desarrollo de estos acontecimientos ha motivado el despliegue de la operación “Nyundo II”, desde la perspectiva de la ONU, como una medida dirigida no solo a responder a la violencia reciente, sino también a sentar condiciones mínimas de seguridad para la asistencia humanitaria y el paulatino retorno de la normalidad en las zonas más afectadas. Europa Press remarcó que la situación en el noreste de la República Democrática del Congo permanece marcada por la inseguridad, la proliferación de actores armados y los desafíos para la protección de la población civil, lo que ha transformado a la región en uno de los epicentros de desplazamiento y crisis humanitaria en África Central.