
El tribunal de Salerno trasladó la carga de la prueba a las autoridades italianas y determinó que no aportaron evidencias concluyentes contra la tripulación del 'Geo Barents', anulando la tercera orden de inmovilización que pesaba sobre el buque humanitario desde agosto de 2024. Según Médicos Sin Fronteras (MSF), esta resolución confirma que el actuar del equipo a bordo respetó tanto la legislación internacional como la italiana, además de señalar la falta de justificación legal para mantener al barco fuera de servicio. De acuerdo con el comunicado difundido este viernes por la propia organización, la corte subrayó que las instrucciones de la Guardia Costera de Libia -que exigían el abandono de las operaciones de rescate- no equivalen a una verdadera “coordinación” por parte de una autoridad competente, desmontando uno de los argumentos utilizados para justificar las retenciones.
Tal como explicó el medio MSF, el fallo judicial se apoya en dos elementos principales. Por un lado, reconoce la obligación internacional e inequívoca de auxiliar a personas en peligro en el mar y, por otro, subraya que las órdenes dadas por autoridades libias carecen de legitimidad para restringir el accionar de naves humanitarias. El texto difundido por la organización puntualizó: “Estas medidas contradicen el deber internacional absoluto de prestar socorro en el mar”. De esta forma, la Justicia italiana corrobora que las operaciones de salvamento de MSF durante esas misiones fueron compatibles con el marco legal vigente.
El responsable de operaciones de búsqueda y rescate de MSF, Juan Matías Gil, habló de la importancia del pronunciamiento, sosteniendo que la sentencia “reafirma el deber de salvar vidas en el mar” y pone en primer plano lo que describe como una obstrucción sistemática por parte de autoridades italianas hacia la labor humanitaria en el Mediterráneo central. Gil agregó que, pese a los éxitos judiciales, persiste el acoso administrativo y la criminalización de los equipos de rescate, además de lamentar que el contexto legislativo y operativo actual sigue exponiendo a personas migrantes al riesgo de muerte en alta mar debido a lo que catalogó como un fracaso de las políticas migratorias y de rescate de Europa, según recogió MSF.
El 'Geo Barents' estuvo inmovilizado varias veces desde que el gobierno italiano implementó el Decreto Piantedosi en enero de 2023. Este marco normativo impone que los barcos civiles de rescate se dirijan de forma inmediata al puerto asignado después de cualquier operación de socorro, restringe la posibilidad de efectuar salvamentos múltiples y establece sanciones por incumplimiento. Entre las medidas punitivas, las autoridades pueden detener los barcos entre 10 y 60 días y, en casos graves, proceder a la incautación de los buques, según reportó Médicos Sin Fronteras.
La detención anulada en Salerno correspondía a la tercera de las cuatro ordenadas contra el 'Geo Barents' tras sucesivos operativos de rescate en el Mediterráneo central, según consignó MSF. Además, la organización precisó que durante el periodo en que operó este buque, entre junio de 2021 y noviembre de 2024, la nave rescató a más de 12.600 personas que se encontraban en peligro, con frecuencia mientras la coordinación y la intervención de los Estados europeos resultaban insuficientes para responder a las emergencias humanitarias en la zona.
De acuerdo con lo detallado en el comunicado de MSF, en diciembre de 2024 la organización se vio forzada a cesar las actividades de rescate del 'Geo Barents' debido al marco restrictivo que establecieron las nuevas leyes y políticas italianas. Según resaltó la organización, estas restricciones limitan severamente la capacidad de las ONG para contribuir con tareas humanitarias en contextos donde la cobertura estatal no alcanza a satisfacer las necesidades de protección y salvamento.
A lo largo del periodo que el 'Geo Barents' permaneció operativo, distintas decisiones judiciales respaldaron el rol de las organizaciones humanitarias en la búsqueda y rescate en el Mediterráneo, aunque el entorno regulatorio continuó dificultando el acceso y la respuesta efectiva ante crisis migratorias, según expuso Médicos Sin Fronteras. La resolución reciente del tribunal de Salerno se suma a otras que validan la legitimidad de la labor de MSF y de otras iniciativas similares, mientras persisten desafíos derivados de la confrontación entre políticas nacionales restrictivas y obligaciones internacionales de salvamento y auxilio.
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