Las autoridades israelíes han recordado que la legislación vigente en el país ya contempla la pena de muerte y han destacado que la decisión sobre su implementación seguiría a cargo de los tribunales en caso de que la nueva propuesta de ley, actualmente en debate, fuera aprobada. Este recordatorio surge en medio de un intercambio de declaraciones con la Unión Europea, que recientemente manifestó inquietudes respecto al avance del proyecto israelí que contempla castigar con pena capital ciertos crímenes vinculados al terrorismo.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Exteriores israelí, la crítica central se dirige hacia lo que consideran una injerencia de la Unión Europea en asuntos legislativos internos. Las autoridades israelíes señalaron mediante un comunicado en redes sociales que la UE estaría adoptando una posición de “doble rasero” al enfocar su preocupación en Israel y no referirse de igual manera a la aplicación de la pena de muerte en países como Estados Unidos, Japón, India o Egipto. Según explicó el gobierno israelí, este tratamiento desigual resulta problemático al analizarse las intervenciones y reacciones de Bruselas sobre cuestiones similares en otras naciones.
El Ministerio de Exteriores israelí reiteró la posición de Israel como un Estado soberano con derecho a legislar en función de sus intereses y necesidades nacionales. “Resulta increíble que la Unión Europea esté interviniendo en el proceso legislativo de un Estado soberano”, escribió la cartera de Exteriores en su declaración difundida públicamente. En el mismo mensaje, las autoridades lamentaron que la UE, según sus palabras, “señala obsesivamente a Israel” mientras guarda silencio sobre políticas similares en otras regiones.
Respecto al contenido específico de la reforma legislativa, el proyecto de ley aprobado en primera instancia por la Comisión de Seguridad de la Knesset modificaría el Código Penal israelí para introducir la pena de muerte en casos de asesinatos cometidos por motivos ideológicos o racistas, enmarcados como “actos de terrorismo”. Esta legislación permitiría, en caso de ratificación por el pleno del Parlamento, aplicar de manera retroactiva la pena capital a condenados por los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023. La propuesta también extiende la pena máxima a actos definidos por “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público”, aunque el texto establece estas definiciones en términos generales.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) calificó el avance del proyecto como “profundamente preocupante” y llamó la atención sobre las posibles implicaciones de su aplicación. Según reportó la Unión Europea, la decisión supondría un “grave retroceso en esta importante práctica” e instaron a Israel a mantener su postura anterior basada en principios, su respeto a las obligaciones internacionales y el compromiso con los principios democráticos recogidos en el Acuerdo de Asociación UE-Israel.
Por otra parte, el gobierno israelí justificó la iniciativa de endurecimiento legal citando la amenaza que representan, según su perspectiva, los ataques terroristas. Las autoridades de ese país argumentaron que “su territorio enfrenta un terrorismo brutal y asesino a una escala sin parangón en ningún otro lugar del mundo” y responsabilizaron a la Autoridad Palestina de incentivar estos actos mediante pagos y políticas que reducen las condenas a quienes perpetran ataques o participan en secuestros. Según consignó el medio israelí, la nueva ley estaría orientada tanto a disuadir estos actos como a ofrecer una respuesta contundente ante la violencia derivada de motivaciones políticas o raciales.
La controversia entre Jerusalén y Bruselas refleja el debate existente tanto dentro como fuera de Israel sobre la aplicación de la pena de muerte y el alcance de las reformas legales en contextos de seguridad y conflicto. Según recogió el medio de comunicación, la UE reiteró su llamado a que Israel cumpla sus compromisos adquiridos en tratados internacionales y subrayó la importancia de mantener los valores democráticos en la gestión de asuntos judiciales y penales.
Hasta el momento, la propuesta de reforma ha avanzado en comisión y resta conocer si obtendrá la aprobación final de la Knesset. El proceso legislativo continuará en medio de las posturas opuestas entre las autoridades israelíes y la Unión Europea, en un contexto de crecientes tensiones y debates sobre soberanía nacional, respuesta al terrorismo y alineamiento con normativas internacionales sobre derechos humanos.
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