San Salvador, 27 mar (EFE).- La organización Human Rights Watch (HRW) consideró este viernes que las autoridades de El Salvador deben "poner fin" al régimen de excepción, una medida contras las pandillas que cumple cuatro años de vigencia entre denuncias de violaciones a derechos humanos y la aprobación de buena parte de la población.
HRW recordó, en un mensaje en X, que "han pasado cuatro años desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de emergencia" y señaló que "desde entonces, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas, incluidos niños".
La organización considera que "las autoridades deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos".
La polémica medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.
Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pasar la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad, aseguraron que el régimen ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
Sin embargo, el país venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.
En el contexto de este estado, organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria con el 98 % de los casos, siendo vinculados al 75 % de los atropellos los agentes de la Policía, la muerte de al menos 500 persona bajo custodia de agentes del Estado.
Un informe divulgado recientemente señaló que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad".
El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (Gipes).
El presidente Bukele criticó dicho informe y, según él, en el mismo "se exige que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción", aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de detenidos, sino que a "establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas". EFE
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