El mandato aprobado en la Eurocámara extiende el plazo hasta el 2 de agosto de 2028 para que los sistemas de inteligencia artificial cubiertos por normas sectoriales en seguridad y vigilancia de mercado adopten las nuevas restricciones estipuladas en la futura legislación de la UE. Este calendario, según informó Europa Press, responde al objetivo de “garantizar la previsibilidad y la seguridad jurídica” tanto para las empresas proveedoras de IA como para los usuarios y las autoridades regulatorias. La decisión amplía en varios meses la propuesta inicial de la Comisión Europea, que había planteado un período de adaptación de 16 meses y prevé dos etapas diferenciadas para la entrada en vigor de las restricciones según el tipo de productos afectados.
El pleno del Parlamento Europeo respaldó el jueves un conjunto de modificaciones que endurecen el marco legal sobre inteligencia artificial en la Unión Europea. De acuerdo con Europa Press, uno de los cambios centrales es la prohibición expresa de sistemas que generen o manipulen imágenes sexualmente explícitas o íntimas sin el consentimiento de las personas representadas, una práctica identificada con los denominados deepfakes sexuales. Este veto, sin embargo, no afectará a aquellos desarrollos de inteligencia artificial capaces de implementar salvaguardas que impidan la generación de dichas imágenes por parte de sus usuarios.
Según detalló Europa Press, la votación contó con 569 votos favorables, 45 en contra y 23 abstenciones, lo que refleja un amplio consenso para la aprobación de las modificaciones. El resultado implica un respaldo al retraso en la entrada en vigor de ciertas restricciones consideradas de “alto riesgo”, en línea con las demandas realizadas por la Comisión Europea y los gobiernos de los Veintisiete Estados miembros. El Parlamento pide así dilatar la aplicación de estos controles hasta el 2 de diciembre de 2027 para sistemas identificados como de alto riesgo en el reglamento, entre ellos los que emplean datos biométricos o los que operan en infraestructuras críticas, sectores educativos, servicios esenciales, empleo, justicia, gestión de fronteras y aplicación de la ley.
El mandato define también que los proveedores de servicios afectados tendrán hasta el 2 de noviembre de 2026 para adecuar sus productos a la regla de marcar con una “marca de agua” todo contenido generado por inteligencia artificial, ya sea de audio, imágenes, video o texto, con el propósito de identificar el origen de los materiales producidos por estos sistemas automatizados. Esta medida busca dar respuesta a la creciente preocupación social y política sobre la autenticidad de los contenidos creados mediante inteligencia artificial y facilitar la trazabilidad en el entorno digital, como expuso Europa Press.
El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros y que ahora debe negociar la redacción final de la reforma, propuso a su vez un calendario escalonado similar para los sistemas de inteligencia artificial clasificados como autónomos —con plazo hasta diciembre de 2027— y los integrados, cuyo límite se amplía hasta agosto de 2028, según reportó Europa Press.
En relación con la protección de derechos individuales frente al uso de inteligencia artificial, el Parlamento introdujo garantías para el tratamiento de datos personales por parte de proveedores de servicios. Los eurodiputados apoyaron que estas empresas puedan emplear datos personales con el fin de detectar y corregir posibles sesgos en los sistemas de IA, aunque restringieron ese uso a casos en los que resulte estrictamente necesario y asegurando salvaguardas para la privacidad, según consignó Europa Press.
Dentro de las medidas para favorecer la adaptación de las empresas a la nueva normativa, la Eurocámara respaldó la extensión de las ayudas y facilidades previstas para pequeñas y medianas empresas, haciéndolas extensivas a las llamadas “pequeñas empresas de mediana capitalización”. De acuerdo con Europa Press, este ajuste responde a la necesidad de evitar que la transición al cumplimiento de la nueva legislación frene el crecimiento empresarial en el sector tecnológico europeo.
Europa Press informó también que el Parlamento propone limitar el grado de exigencia para productos ya sometidos a regulación sectorial, como dispositivos médicos, equipos radioeléctricos o juguetes. La intención es evitar solapamientos regulatorios al prever que en esos casos las obligaciones de la Ley de Inteligencia Artificial puedan ser menos rígidas en lo referente a la seguridad de los productos, si ya existen otras normativas que cubran esos aspectos específicos.
El proceso legislativo continuará en negociaciones entre el Parlamento y el Consejo con vistas a acordar el texto definitivo del marco regulador en la UE para la inteligencia artificial. Según Europa Press, estas discusiones deberán resolver el balance entre la protección de los derechos fundamentales, la necesidad de garantías legales, el fomento de la innovación y el margen de adaptación para las empresas ante el nuevo entorno legal que resultará de la reforma.
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