El Salvador extiende por 30 días más el estado de excepción, en víspera de cumplir cuatro años

La decisión de prorrogar el estado de excepción en El Salvador ha coincidido con la proximidad de su cuarto aniversario, una medida cuya justificación según el oficialismo reside en la persistencia de “grupos terroristas” y en los resultados en materia de seguridad, que incluyen la detención de más de 91.650 personas bajo acusaciones vinculadas a pandillas. Según informó el medio, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves la renovación del estado de excepción por 30 días adicionales, marcando la prórroga número 49 desde su implementación. La resolución contó con 57 votos favorables de un total de 60 diputados y entrará en vigor a partir del próximo miércoles 1 de abril.

Tal como publicó la fuente, el estado de excepción fue instaurado el 27 de marzo de 2022 como una medida temporal frente a una ola de homicidios atribuida a grupos criminales. Desde entonces, el régimen ha permitido al Gobierno suspender ciertas garantías constitucionales para facilitar la actuación de las fuerzas armadas y la policía en zonas con elevados índices de criminalidad. El partido del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, argumentó nuevamente en el pleno que la prórroga resulta necesaria debido a la supuesta actividad continuada de “células criminales” en distintas áreas del país centroamericano.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la extensión de la medida se produce cuando se cumplen casi cuatro años desde su introducción. Durante este periodo, el Ejecutivo ha sostenido que la estrategia ha sido efectiva en la reducción de delitos violentos, concretando miles de detenciones tras operativos en distintos municipios considerados focos de violencia. Los legisladores afines al oficialismo reiteraron su apoyo al considerar que aún permanecen amenazas que requieren la continuación de operativos bajo condiciones excepcionales.

Según detalló el medio, bajo el estado de excepción, el Ejecutivo dispone de la potestad de restringir libertades civiles y procesales, como la inviolabilidad de las telecomunicaciones, el derecho de asociación y el plazo máximo de detención administrativa, que puede extenderse por tiempo mayor que el previsto por la ley ordinaria. Este marco ha dado lugar a una política de mano dura que ha provocado la detención de cerca de 90.000 personas, cifra que el Gobierno eleva a más de 91.650 como resultado de sus más recientes acciones, según reconoció públicamente el partido oficialista durante el debate parlamentario.

La aprobación de esta nueva extensión ocurre en un momento en que voces opositoras y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el efecto de la medida sobre los derechos fundamentales, aunque en el debate parlamentario únicamente se reflejó el respaldo mayoritario sin votos significativos en contra. El Gobierno ha justificado ante la Asamblea que la situación en materia de seguridad requiere mantener el dispositivo legal que permite intervenciones expeditas en casos donde se sospecha la existencia de estructuras delictivas.

Desde la entrada en vigor de la medida, el despliegue constante de fuerzas de seguridad en municipios con elevados índices de criminalidad ha sido una de las principales herramientas del Ejecutivo. El oficialismo destacó los resultados en materia de reducción de homicidios, aludiendo a una significativa caída en la cifras oficiales respecto a periodos previos al decreto de excepción. No obstante, medios nacionales e internacionales han consignado denuncias sobre presuntas detenciones arbitrarias y limitaciones a las garantías procesales durante los operativos.

La medida, cuya prórroga se volvió habitual en el calendario parlamentario, fue inicialmente presentada como una respuesta temporal al repunte de homicidios en marzo de 2022. Sin embargo, según reportó el medio, el uso reiterado del régimen ha convertido la excepción en una constante en la vida jurídica del país, con implicaciones directas en la rutina diaria de comunidades catalogadas como de alto riesgo por las autoridades.

A lo largo de estos años, la retórica oficial ha destacado el impacto de la política de seguridad, remarcando la captura de decenas de miles de personas supuestamente vinculadas a pandillas. La narrativa del Ejecutivo y de la bancada afín sostiene que el país permanece amenazado por estructuras delincuenciales, lo que requeriría la contínua aplicación de medidas extraordinarias temporales, según reiteró el partido de gobierno durante la discusión legislativa.

El marco legal vigente permite que la policía y el ejército actúen con amplias facultades, especialmente en lo que respecta a detenciones preventivas y a la intervención de comunicaciones. Esta expansión de poderes en contextos de excepción ha respaldado el operativo masivo en barrios y municipios señalados como centros de actividad de pandillas, según puntualizó el medio al revisar el contexto y las causas de cada uno de los votos a favor durante la jornada legislativa.

El balance de los cuatro años bajo estado de excepción, de acuerdo con el relato del oficialismo reportado por el medio, muestra un descenso en indicadores de violencia, aunque persisten cuestionamientos sobre el respeto a los derechos individuales y la legalidad de muchas detenciones. Las autoridades gubernamentales han insistido en que estas restricciones a las libertades resultan imprescindibles para consolidar la estrategia de seguridad, mientras que organismos nacionales e internacionales han demandado una revisión de las condiciones que permiten prolongar un régimen inicialmente planteado como transitorio.