Kabul, 26 mar (EFE).- Diez días después de los bombardeos de Pakistán que, según los talibanes, dejaron más de 400 civiles muertos en un centro de rehabilitación de Kabul, decenas de cuerpos permanecen sin identificar y sin ser reclamados en el departamento forense de la capital, según fuentes oficiales.
"Aunque muchos cuerpos han sido entregados a las familias y algunos fueron enterrados en fosas comunes, más de 35 cadáveres permanecen en el departamento forense, sin identificar y sin ser reclamados", declaró a EFE un responsable del Instituto de Medicina Legal de Kabul.
El Ministerio de Salud Pública afgano confirmó este jueves que un número "significativo" de cadáveres aún no han sido reclamados, víctimas del ataque a una de las instituciones de rehabilitación de drogodependientes más importantes del país, que según el régimen albergaba a 2.000 pacientes de todas las regiones de Afganistán.
El ataque al Hospital Omid, en las afueras de Kabul, desbordó la capacidad de rescate de un país sin recursos, y dejó a cientos de personas bajo los escombros y a familias desamparadas tras suspenderse la búsqueda a los pocos días del incidente.
"Durante el reciente incidente, cientos de nuestros ciudadanos perdieron la vida. Si bien algunos han sido enterrados y otros fueron entregados a sus familias en los últimos días, decenas de cuerpos aún permanecen. Sus identidades son desconocidas y sus familias aún no se han presentado", añadió el comunicado del ministerio.
Las autoridades afganas han instado a las familias que aún buscan desaparecidos a que acudan a las instancias oficiales para ayudar en el proceso de identificación.
"Pedimos a las familias cuyos parientes siguen desaparecidos que visiten el departamento forense de Kabul", manifestó el gobierno talibán.
La misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) indicó a EFE que el proceso de verificación independiente continúa. Su balance inicial confirmó al menos 143 muertos, aunque advirtió de que la cifra podría aumentar.
Ante la magnitud de la tragedia, tanto la ONU como otros organismos como Amnistía Internacional han urgido a una investigación independiente, rápida y transparente, y advirtieron de que el ataque a una instalación sanitaria bajo protección especial constituye un presunto crimen de guerra.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha recordado la obligación de respetar las infraestructuras civiles y se ha ofrecido a colaborar en la gestión de los restos mortales para facilitar la identificación de las víctimas en un sistema forense local totalmente desbordado. EFE
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