La jueza de la dana cita a declarar a Mazón como testigo y le pide que aporte voluntariamente sus llamadas y mensajes

El último auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que descartó cualquier responsabilidad penal de Carlos Mazón relacionada con la gestión de la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024 —en la que fallecieron 230 personas en la provincia de Valencia—, no impedirá su comparecencia judicial. Según informó el TSJCV, la magistrada encargada de la instrucción ha decidido citar al expresidente de la Generalitat Valenciana como testigo, además de requerirle que aporte de forma voluntaria las llamadas y mensajes telefónicos relacionados con ese día.

De acuerdo con lo publicado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja notificó este martes un auto a las partes, en el cual se recoge que el reciente auto del TSJCV “excluye” de manera total la “responsabilidad en su vertiente omisiva” de Mazón al considerar que dicho cargo no representaba una posición de garante sobre las actuaciones objeto de la investigación. Además, según el comunicado del TSJCV, tampoco se hallaron “indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa”, haciendo referencia al envío del sistema ES-Alert.

La resolución judicial determina que, una vez el auto del TSJCV adquiera firmeza, se podrá llevar a cabo la declaración testifical de Mazón. La magistrada también ha decidido que se comunique personalmente al actual diputado autonómico la petición de aportación de registros de llamadas y mensajes vinculados con los acontecimientos del 29 de octubre de 2024, tal como detalló el medio.

Además, según publicó el TSJCV, en el mismo auto la jueza acuerda la comparecencia como testigo de Ruth Merino, quien actuó como portavoz del Consell en la fecha de la tragedia. Igualmente, la instructora solicita a diversos alcaldes de la provincia que entreguen voluntariamente al juzgado los listados de sus llamadas entrantes y salientes, así como los mensajes intercambiados ese día con autoridades y miembros del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

El TSJCV precisó, en un segundo auto dictado y notificado en la misma jornada, que se solicita a una asociación el depósito de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular en el proceso, adicionalmente a la acusación particular representada por la Asociación Damnificados por la Dana Alfafar/Horta Sud.

También, a través de una providencia, la jueza acordó la nueva citación del subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que aclare puntos de su anterior declaración en sede judicial. La magistrada requirió, por otro lado, la comparecencia de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, quien figura como investigada, para la realización de un cuerpo de escritura destinado a una prueba pericial caligráfica. Esta diligencia busca comparar la letra de Pradas con un documento manuscrito presentado previamente por Jorge Suárez.

Según consignó el TSJCV en su informe público, la investigación gira en torno a la gestión de la emergencia desencadenada por la dana en la provincia de Valencia, en la que la instrucción apunta a esclarecer la cadena de decisiones, actividades de coordinación y responsable actuación de los principales cargos públicos en la gestión de la crisis. El proceso avanza con el análisis de comunicaciones oficiales, mensajes y llamadas telefónicas entre autoridades y responsables operativos durante las horas críticas del 29 de octubre, con la finalidad de reconstruir con precisión el flujo de información y toma de decisiones durante el episodio que derivó en numerosas víctimas mortales.

El órgano judicial determinó la necesidad de recabar toda la documentación posible, incluyendo registros telefónicos de los participantes en la gestión de la emergencia, como parte del esfuerzo por delimitar la responsabilidad de los cargos públicos y esclarecer los hechos ante la magnitud de la tragedia. La jueza mantiene la instrucción abierta, con nuevas declaraciones, diligencias y la incorporación progresiva de prueba documental, conforme avanzan las pesquisas sobre el operativo institucional ante la catástrofe del 29 de octubre.