Filipinas declara el estado nacional de emergencia ante la crisis energética por la inestabilidad en Ormuz

La decisión de dar prioridad al uso de vehículos eléctricos en el transporte público y promover la integración de energías limpias en sectores como la agricultura y la manufactura figura en el nuevo plan energético de Filipinas, que busca acelerar la transición hacia fuentes renovables y trabajar por una mayor eficiencia en la gestión del suministro. Todo ello forma parte del estado nacional de emergencia decretado oficialmente debido a la reciente crisis energética asociada a la inestabilidad en la región del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información publicada por la agencia PNA, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., firmó este martes la declaración de estado de emergencia nacional para hacer frente a las posibles interrupciones en el abastecimiento de combustibles. El objetivo de esta medida es estabilizar el sector energético mediante la aplicación de recursos especiales y ejecutar acciones coordinadas que permitan garantizar un suministro energético estable y suficiente, protegiendo así a la economía del país frente al impacto de la crisis en Oriente Próximo.

La orden presidencial, según telegrafió la agencia PNA, enfatiza que Filipinas depende de manera fundamental de los productos petrolíferos importados. Esta condición convierte al país en un actor vulnerable frente a eventuales interrupciones en la producción y transporte global de petróleo, lo que podría afectar tanto la disponibilidad como la entrega puntual de los combustibles requeridos para mantener el funcionamiento habitual de la infraestructura nacional e industrial.

En este contexto de “peligro inminente de un suministro energético críticamente bajo”, la orden firmada por el líder filipino establece la necesidad de poner en marcha “medidas urgentes” para asegurar la continuidad del abastecimiento. El documento detalla que las acciones incluirán planes de gestión del suministro de energía, la optimización en el uso de combustibles, el ajuste en la carga energética y la adopción de mecanismos más estrictos para fomentar la conservación del recurso.

El medio PNA consignó que el estado de emergencia también busca acelerar la adopción de tecnologías de energía renovable. Entre las prioridades señaladas se encuentra el fomento del transporte público electrificado y la integración de soluciones limpias en sectores productivos clave como son la agricultura y la manufactura, dos pilares fundamentales de la economía filipina.

Además, la declaración contempla campañas de concientización para la población orientadas a difundir la importancia de la eficiencia energética y la necesidad de modificar hábitos de consumo hacia prácticas que permitan reducir el uso de combustibles fósiles. Según reflejan los lineamientos del gobierno, la promoción de estas conductas resulta esencial para sostener la resiliencia energética en medio de la incertidumbre provocada por la situación regional en el estrecho de Ormuz.

La crisis en esta zona estratégica, por la que transita una parte importante del tráfico mundial de petróleo, ha provocado inquietud generalizada entre los países que dependen de estas rutas para importar hidrocarburos. El estado de emergencia confiere al gobierno filipino la facultad de actuar con mayor rapidez y flexibilidad frente a los potenciales cambios en el mercado energético internacional y las disrupciones en la cadena de suministro.

Según detalló PNA, con estos instrumentos legales y administrativos, las autoridades filipinas pueden poner en marcha medidas extraordinarias para administrar de forma óptima los recursos disponibles, estabilizar precios internos y proteger el bienestar de los sectores más expuestos a la volatilidad del mercado global de energía. Además, la estrategia nacional contempla la diversificación progresiva de las fuentes de suministro, con un enfoque en energías limpias y eficiencia.

Finalmente, la orden indica la importancia de coordinar las acciones entre agencias estatales y actores privados para asegurar la alineación de los esfuerzos y maximizar el impacto de las políticas adoptadas bajo el marco del estado de emergencia. Según reportó PNA, el gobierno filipino se ha marcado como objetivo inmediato mitigar los efectos adversos sobre la economía y la vida diaria de la población, en especial considerando el carácter dependiente del país respecto a las importaciones de combustible y las implicancias de la coyuntura internacional en la seguridad energética nacional.