Defensor del Pueblo alerta de fallos estructurales en sanidad como el acceso al SNS, listas de espera y falta de médicos

Aunque un 30% de las personas privadas de libertad en España reside en 15 macrocárceles, muchas de estas instituciones funcionan con equipos médicos incompletos, una situación que deriva en turnos sin la presencia de un médico y en el traspaso de labores clínicas sensibles al personal de enfermería. Así lo reflejó el Informe anual de la actividad del Defensor del Pueblo correspondiente a 2025, depositado este martes en el Congreso de los Diputados. En este documento, la institución advierte sobre deficiencias estructurales dentro de los servicios sanitarios nacionales, haciendo énfasis en el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS), los tiempos de espera y la escasez de profesionales sanitarios, sobre todo en atención primaria, salud mental y contextos penitenciarios, según informó Europa Press.

De acuerdo con este último informe, la sanidad sigue generando numerosas quejas ciudadanas: durante el año analizado, el 4% de todas las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo estuvo relacionado con este sector. Tal como publicó Europa Press, uno de los temas principales señalados ha sido el incremento de las listas de espera, tanto en consultas externas y pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas, fenómeno que provoca insatisfacción entre los usuarios y repercute en otros ámbitos, como el empleo y el sistema de protección social, al estar vinculado al aumento de bajas laborales prolongadas.

El informe abordó las dificultades de acceso al SNS, destacando impedimentos asociados tanto a la gestión y redistribución de profesionales como a la complejidad de la regulación de los derechos sanitarios financiados con fondos públicos. En ese sentido, el Defensor recomendó que las administraciones sanitarias y los servicios de información del Instituto Nacional de la Seguridad Social refuercen la labor de orientación sobre los requisitos para el reconocimiento del derecho a la asistencia. Según consignó Europa Press, algunas quejas tratadas en 2025 evidenciaron que la negativa a prestar asistencia sanitaria a solicitantes de asilo derivó de una insuficiente comprensión o transmisión de los trámites necesarios por parte del personal de los centros de salud.

Otro apartado del informe abordó incidencias en la facturación de servicios sanitarios. El Defensor del Pueblo reportó casos en los que centros hospitalarios públicos tramitaron cobros por atención médica cuando el pago debía corresponder a terceros o cuando el usuario no tenía reconocido el acceso al SNS. En uno de esos expedientes se reconoció un error en el proceso de facturación, lo que llevó a una rectificación por parte de la Administración, detalló Europa Press.

La institución gestionó también nuevas quejas sobre los límites de edad para acceder a tratamientos de reproducción asistida, un aspecto regulado en el Real Decreto 1030/2006, que determina el catálogo común de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.

Al evaluar la situación del personal estatutario sanitario, en 2025 el Defensor del Pueblo continuó recibiendo notificaciones desde algunas administraciones acerca de la dificultad para asegurar la continuidad asistencial a personas especialmente vulnerables cuando su profesional de atención primaria se ausenta por periodos prolongados o indefinidos. El informe subrayó la importancia del principio de longitudinalidad, que implica mantener, siempre que sea posible, a un profesional de referencia para el seguimiento de cada paciente. Se tramitó un expediente sobre la cobertura en caso de incapacidad temporal de pediatras en centros de salud, así como quejas asociadas a restricciones en centros y consultorios rurales que afectan la cobertura de la atención.

El informe del Defensor del Pueblo puso de manifiesto deficiencias en la comunicación entre distintos niveles asistenciales, como la transmisión de resultados diagnósticos al médico de familia o la derivación a consultas de atención especializada. Estas deficiencias en la comunicación inciden negativamente en la continuidad asistencial de los pacientes.

Otro de los puntos señalados está relacionado con la necesidad de una mejor planificación de los recursos humanos en el SNS. Según el informe, una programación adecuada puede incidir en la calidad y la eficacia del sistema, recomendando mejorar los procesos de acceso al empleo público, dimensionar correctamente las plantillas, distribuir el personal de forma adecuada y lograr una mayor estabilidad. La finalización de procesos selectivos se considera clave para reducir la elevada temporalidad laboral en la sanidad, tal como exige la Ley 20/2021 sobre la reducción de la temporalidad en el empleo público, lo que repercute asimismo en otras convocatorias clave para el sistema, como las de traslados.

En el ámbito de la salud mental, el Defensor detectó una carencia transversal de especialistas en psicología clínica, una situación que afecta a todo el SNS y condiciona la capacidad para cubrir las necesidades de la población. En ese apartado, se documentó que el incremento de bajas prolongadas por causas mentales no puede separarse de las dificultades persistentes para dotar las plantillas necesarias de profesionales en esta especialidad.

Dentro del sector penitenciario, el informe alertó especialmente sobre las 15 grandes cárceles que reúnen cerca de un tercio de la población reclusa, centros donde la presencia de médicos muchas veces no alcanza los niveles previstos. Según detalló el informe recogido por Europa Press, en muchos de estos establecimientos, solo hay médicos contratados por turnos de 24 horas, con dos o tres días de descanso, lo que deja ciertos días y noches sin presencia médica. Para cubrir este vacío se ha instaurado la telemedicina dos días por semana, mecanismo que, según remarca la institución, está sujeto a las limitaciones particulares del entorno penitenciario.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias realiza una planificación mensual, estableciendo en qué días se podrá disponer del servicio de telemedicina. Además, el Defensor alertó sobre la cancelación de citas con el SNS debido a problemas en los desplazamientos, instando a diferenciar claramente las salidas médicas urgentes y pidiendo mejoras en las infraestructuras penitenciarias. También solicitó la creación de un registro sistemático de intoxicaciones por drogas en prisión para favorecer la protección de la salud de la población interna.

En cuanto al trabajo de los equipos médicos en centros penitenciarios, la institución señaló que las relaciones de puestos de trabajo suelen indicar una plantilla ideal de entre ocho y diez médicos por centro, aunque en muchos no se cubre este mínimo. Tampoco todas las cárceles cuentan con subdirector médico. El personal de enfermería se ve así abocado a asumir funciones propias del personal facultativo, como la prescripción de medicamentos, la elaboración de informes por lesiones o la ejecución de aislamientos. Europa Press difundió que esta sobrecarga de tareas genera tensiones internas y riesgos potenciales tanto para el personal como para los internos.

El análisis del Defensor del Pueblo sobre la situación sanitaria española en 2025, tal como refrenda Europa Press, muestra un escenario con alta demanda no atendida, largas listas de espera, problemas de personal y barreras para la atención especialmente en salud mental, ámbitos rurales y entornos penitenciarios. La institución reiteró su llamado a una planificación integral y a la optimización de procesos y recursos para mejorar la calidad, continuidad y acceso a la atención sanitaria en todo el territorio.