El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra en Irán, que entran en vigor este domingo

La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler hasta por dos años, propuesta desde Sumar y recogida en un real decreto ley específico, afectará a más de un millón de arrendamientos cuya fecha de renovación corresponde a 2026 y 2027, alcanzando a 2,7 millones de ciudadanos. De acuerdo con lo publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta congelación temporal de las rentas es solo una parte de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno ante la crisis generada por el conflicto en Oriente Próximo, cuyo proceso legislativo dependerá de la votación en el Congreso prevista para el próximo jueves.

Según detalló el medio, el paquete aprobado este viernes tras un Consejo de Ministros extraordinario incluye dos decretos que suman una movilización de 5.000 millones de euros en ayudas y medidas fiscales. Estas disposiciones, ya formalizadas y recogidas por el BOE este sábado, buscan amortiguar los efectos económicos derivados de la confrontación iniciada con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, declaró en la rueda de prensa posterior al consejo que el plan constituye una “respuesta integral” adaptada a la situación excepcional y advirtió sobre la incertidumbre respecto a la duración y el impacto del conflicto: “Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos”.

Dentro del real decreto ley de medidas coyunturales, el BOE recoge la reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y pellets, pasando del 21% al 10%. El documento también establece la congelación del precio máximo de venta de bombonas de butano y propano, así como la recuperación de la bonificación del 80% para los grandes consumidores industriales en los peajes eléctricos. El mismo decreto introduce la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que supone un gravamen del 7%, además de reducir el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al 0,5%, el mínimo permitido en la normativa de la Unión Europea.

Junto a estas rebajas, el texto legal incluye una baja al nivel más bajo posible del impuesto de hidrocarburos. Se prevé una ayuda directa de 0,20 euros por litro de gasóleo profesional consumido, destinada a sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca. El paquete contempla, de acuerdo con el BOE, la prohibición a las empresas de ejecutar despidos objetivos fundamentados en causas económicas derivadas de la actual situación internacional.

El aumento en la supervisión de los márgenes comerciales de las empresas que suministran combustibles figura entre las respuestas incluidas, atendiendo a demandas expresadas por Sumar. Los controles sobre estas compañías tienen como objetivo impedir incrementos injustificados de beneficios aprovechando el escenario de crisis externa.

El segundo real decreto ley, publicado también por el BOE, se centra en el mercado de la vivienda. Esta norma recopila medidas como la prórroga automática de los contratos de alquiler cuyo vencimiento estaba previsto para los años 2026 y 2027. Según Sumar, con esta medida se buscaría dar estabilidad a más de 2,7 millones de personas afectadas por la evolución de los precios del alquiler durante la crisis provocada por la guerra.

Pese a su entrada en vigor para este domingo, todas las disposiciones quedan pendientes de la ratificación parlamentaria, prevista para el jueves 26 de marzo en una sesión del Congreso de los Diputados. Hasta entonces, el desarrollo de las políticas anticrisis estará sujeto a la validación política, requisito indispensable para transformar las medidas de urgencia en legislación definitiva.

En la justificación de esta intervención, Pedro Sánchez afirmó tras el Consejo de Ministros que “situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias”, aludiendo al impacto potencial e incierto del conflicto en Oriente Próximo sobre la economía nacional y europea. Estas medidas, según consignó el BOE, se presentan como una estrategia destinada a proteger a los sectores más expuestos a la crisis de suministros y la inestabilidad de los precios energéticos y de la vivienda.

El propio Gobierno cifra en 5.000 millones de euros la inversión movilizada por este doble paquete legislativo. Entre los sectores beneficiados por los apoyos directos destacan los transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores y consumidores vulnerables de energía y vivienda. Las rebajas impositivas y la congelación de precios buscan limitar el impacto repentino del encarecimiento de los suministros provocado por la guerra en Irán y la inestabilidad regional, reportó el BOE.

El Gobierno pone el énfasis en el carácter temporal y extraordinario de estas decisiones, subordinadas a la evolución del conflicto y su impacto económico. El diseño de los decretos y la urgencia de su aplicación responden a la preocupación por las posibles repercusiones negativas sobre el empleo, la competitividad industrial y el coste de la vida. Las ayudas y rebajas fiscales integradas en el paquete anticrisis persiguen evitar un incremento acelerado de la inflación y una oleada de despidos motivados por los costes energéticos o la incertidumbre en los mercados.

El Consejo de Ministros que impulsó este plan de emergencia se celebró con carácter urgente, según informó el BOE, en un contexto de volatilidad internacional e incertidumbre sobre la continuidad de la guerra en Irán. El Ejecutivo considera que el Congreso tendrá la responsabilidad de validar o rechazar esta respuesta, integrada por disposiciones tributarias, energéticas y de vivienda, cuyo alcance se mantiene condicionado al respaldo parlamentario y a la situación en Oriente Próximo.