El Consejo de Ministros aprueba un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas

La aprobación de la prórroga automática para cerca de 600.000 contratos de arrendamiento figura entre los cambios más significativos adoptados por el Gobierno este viernes, medida que busca dar continuidad y ampliar la protección social ligada a la vivienda. Según Europa Press, la decisión se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, que terminó con la firma de dos reales decretos tras horas de negociación y retrasos debidos a diferencias entre los socios que integran la coalición gubernamental, el PSOE y Sumar.

De acuerdo con Europa Press, la sesión del Consejo de Ministros comenzó después de más de dos horas de aplazamiento, pues representantes de Sumar solicitaron modificaciones sustanciales en los borradores presentados. Las discusiones se centraron en la estructuración de las reformas, optándose al final por separar en dos decretos distintos los paquetes de medidas: uno orientado a la vivienda y otro enfocado en la reducción de los costes energéticos.

El primer real decreto introduce varias iniciativas dirigidas a disminuir el impacto del precio de la energía en los consumidores. Dentro de lo aprobado figura una rebaja del 10% en el impuesto a los combustibles y una reducción de los tributos aplicados sobre la electricidad. Además, el texto contempla la ampliación del bono social eléctrico, lo cual incrementa el alcance de la ayuda a hogares vulnerables, según detalló Europa Press. En cuanto al control de los márgenes empresariales en el suministro de combustible, se aprobó la implementación de un sistema de supervisión bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que será la entidad encargada de analizar y evitar márgenes considerados injustificados.

El decreto también habilita al Consejo de Ministros a fijar límites en los márgenes empresariales cuando se estimen excesivos, mecanismo que ha sido una de las principales demandas de Sumar, según recogió la misma agencia. Junto a esto, se incluyó la prohibición de determinados suministros energéticos, medida reclamada expresamente por la formación de Yolanda Díaz.

Por otro lado, el segundo real decreto concentra las acciones que afectan al mercado de vivienda y alquiler. Una de las más relevantes es la prórroga automática de los alquileres que caducan durante el año en curso, beneficio que afectará a aproximadamente 600.000 contratos, según cifras difundidas por Europa Press. Sumar expresó satisfacción por el acuerdo alcanzado, resaltando la importancia de haber incluido tanto el control de los márgenes empresariales como la extensión de los contratos de alquiler, aspectos que definieron como elementos fundamentales en la defensa del "escudo social".

La ministra de Sanidad, Mónica García, manifestó a través de las redes sociales que el acuerdo del Consejo de Ministros representa un avance en la protección de los inquilinos y en la supervisión de los precios en sectores clave. "Hemos conseguido un acuerdo en el Consejo para ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales", escribió. García subrayó que, además de las ayudas orientadas a mitigar las consecuencias sociales y económicas de la guerra, queda activada la protección inmediata tanto para inquilinos como para controlar la especulación a través de la limitación de márgenes de precios, según reportó Europa Press.

La negociación previa fue intensa debido a la negativa de Sumar de avalar un único decreto focalizado solamente en rebajas fiscales. Inicialmente, el plan del Ejecutivo se centraba en una reducción tributaria general sobre los productos energéticos. No obstante, las gestiones de Sumar orientaron el diálogo hacia una respuesta más amplia, incluyendo mecanismos de control y reforzando la asistencia relacionada con la vivienda y los alquileres.

El medio Europa Press reportó que, luego de superar las diferencias, los portavoces de la coalición comunicaron la consecución de un acuerdo que da respuesta a la doble prioridad exigida por Sumar: asegurar alivios en las facturas energéticas y reforzar por medio de prórrogas la estabilidad en los arrendamientos residenciales. Esta decisión responde al contexto de presión social por los elevados costes tanto de la energía como de la vivienda, asuntos que han suscitado debates públicos intensos en los últimos meses.

Según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, la medida busca dar continuidad a políticas públicas ya existentes, pero, a la vez, incorpora nuevas herramientas destinadas a prevenir prácticas empresariales consideradas perjudiciales para los consumidores y a resguardar los derechos de los inquilinos frente a situaciones de vulnerabilidad habitacional.