
Las declaraciones de legisladores estadounidenses han impulsado propuestas de nuevas normativas para reforzar los controles en la adquisición de datos privados por parte del gobierno, en medio de un creciente debate sobre el acceso de agencias federales a información de localización comercialmente disponible. Según detalló Politico, la controversia tomó impulso tras la reciente comparecencia del director del FBI, Kash Patel, ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde confirmó que la agencia compra datos de localización que pueden servir para rastrear a ciudadanos en el marco de investigaciones oficiales.
A lo largo de la audiencia, el director Patel indicó que el FBI adquiere información disponible en el mercado que se ajusta a los requisitos establecidos por la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas. De acuerdo con declaraciones recogidas por Politico, Patel defendió estas prácticas, señalando que la información obtenida ha resultado valiosa para el trabajo de la agencia. El medio consignó que este reconocimiento se suma a una admisión previa realizada en marzo de 2023 por el entonces director Christopher Wray, quien detalló que el FBI compró datos de localización de ciudadanos estadounidenses sin requerir una orden judicial, pese a que el Tribunal Supremo determinó en 2018 que este tipo de acceso requiere autorización judicial en el caso de los proveedores de telefonía móvil.
Según publicó The Wall Street Journal en 2020, el vacío legal existente en la normativa estadounidense limita la obligación de orden judicial solo a la obtención de datos por parte de operadoras de telefonía móvil, dejando fuera a terceras empresas intermediarias. Esto ha permitido que diversas agencias federales, incluido el FBI, compren datos a través de empresas que recopilan información usando aplicaciones móviles como juegos, plataformas meteorológicas o comercios electrónicos, en las que los usuarios autorizan el acceso a su ubicación como parte de los términos de uso.
Durante la audiencia en el Senado, Politico y Wired recogieron declaraciones en las que el exdirector Wray precisó que, aunque en el pasado sí se adquirieron datos de localización a través de bases comerciales, la agencia ha dejado de comprar actualmente información de bases de datos comerciales que contengan datos derivados de la publicidad digital. Wray afirmó: “Según tengo entendido, actualmente no adquirimos información de bases de datos comerciales que incluya datos de ubicación derivados de publicidad en internet”.
Frente a estas prácticas, la respuesta legislativa no se hizo esperar. Según informó Politico, los senadores Ron Wyden, del Partido Demócrata por Oregón, y Mike Lee, republicano por Utah, presentaron el 13 de marzo la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental. Esta propuesta legislativa persigue obligar a agencias como el FBI a obtener una orden judicial antes de poder comprar información personal de ciudadanos estadounidenses a intermediarios privados, cerrando así el hueco normativo que actualmente permite la adquisición indirecta de datos de localización.
Durante la discusión de la ley, Politico recogió la reacción del senador Wyden, quien calificó la compra de información privada sin orden judicial como una maniobra “escandalosa para eludir la Cuarta Enmienda”, la cual protege a la ciudadanía frente a registros y confiscaciones injustificados. Además, Wyden subrayó su preocupación ante el uso de inteligencia artificial en el procesamiento de grandes volúmenes de datos privados por parte de las agencias gubernamentales.
En contraste, el debate en el Senado también incluyó voces a favor de que el FBI mantenga la capacidad de comprar datos personales. El senador Tom Cotton, representante republicano por Arkansas, defendió la adquisición señalando la utilidad potencial que esos datos tienen para la investigación de delitos graves. Según recogió Politico, Cotton argumentó: “Si cualquier otra persona puede comprarlos, y el FBI también, y eso les ayuda a localizar a un depravado pedófilo o a un despiadado líder de un cártel, sin duda espero que el FBI esté haciendo todo lo posible para mantener a los estadounidenses a salvo”.
De acuerdo con la información publicada por The Wall Street Journal, la utilización de datos de localización comercial se ha empleado previamente en labores de control migratorio por parte de agencias federales, quienes obtuvieron dichos datos a través de aplicaciones en las cuales los usuarios autorizaron el acceso a su ubicación del dispositivo. Esta práctica, documentada desde al menos 2020, ha intensificado el debate sobre la privacidad y el alcance del control gubernamental sobre los datos personales recogidos en el entorno digital.
Las recientes audiencias y el proyecto de reforma legislativa muestran la tensión entre la seguridad nacional y el derecho a la privacidad. Según el análisis de Politico y Wired, los vacíos en la regulación actual abren la puerta a la compra de información sensible sin un control judicial estricto, lo cual mantiene abierta la discusión sobre el equilibrio adecuado entre la protección de la ciudadanía y la facultad investigativa de las agencias federales.
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