El proceso de audiencia pública para el proyecto de Real Decreto que permitirá a deportistas profesionales de España computar, a efectos de jubilación, los años de actividad entre 1980 y 2003 comenzó recientemente, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La medida, que ya cuenta con el respaldo del Consejo Superior de Deportes (CSD), sindicatos y diversos representantes del deporte, busca reconocer como cotizados los periodos en los que estos profesionales ejercieron su disciplina bajo contrato antes de su integración formal al Régimen General de la Seguridad Social.
De acuerdo con el ministerio, la nueva regulación beneficiará a quienes practicaron deportes con relación laboral especial y desarrollaron su carrera profesional en territorio español desde el 15 de marzo de 1980 hasta 2003, fecha en la que se completó la inclusión de estos trabajadores en el sistema general de la Seguridad Social tras la aprobación del Real Decreto 287/2003. El medio oficial detalló que, antes de ese año, algunos deportes como el ciclismo, el baloncesto y el balonmano ya habían transitado gradualmente hacia la integración en el sistema, pero una buena parte de los deportistas no tuvo la posibilidad legal de cotizar durante su carrera.
Según publicó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el anuncio de la nueva normativa se realizó después de una reunión celebrada con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, representantes sindicales de CCOO y UGT, y figuras conocidas como Almudena Cid, Lola Fernández Ochoa, Fernando Romay, José Luis Llorente y José Antonio Montero, quienes representaron los intereses del colectivo de exdeportistas afectados. Estos deportistas, tras años de carrera profesional, se vieron en la situación de no poder acreditar periodos de cotización a la hora de solicitar o mejorar su pensión.
El ministerio subrayó que la reforma permitirá computar estos periodos como cotizados, lo que tendrá efectos tanto en el reconocimiento inicial del derecho a pensión de jubilación como en la mejora de las prestaciones que los exdeportistas ya pudieran estar recibiendo. Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, explicó que los beneficiarios de esta medida solo necesitarán aportar un certificado de la entidad o club deportivo en el que trabajaron; en caso de no contar con esta documentación, será válida la certificación correspondiente de la federación.
“Estamos avanzando en colaboración con estos colectivos para dignificar el trabajo y la pensión de los deportistas. Buscamos resolver el problema de estos profesionales que, teniendo un contrato, no pudieron cotizar en periodos anteriores a su integración en el Régimen General de la Seguridad Social”, señaló Suárez, según declaraciones recogidas por el ministerio.
El medio oficial especificó que el coste financiero derivado de la aplicación de este nuevo reconocimiento de años cotizados se financiará a través del Consejo Superior de Deportes, lo que facilitará el acceso a los derechos de jubilación sin cargar el gasto a quienes ejercieron su profesión en ese periodo.
Como recordaron las autoridades, la incorporación definitiva de los deportistas profesionales al marco común de la Seguridad Social se produjo en 2003, aunque en algunas modalidades deportivas, la integración había avanzado antes de forma paulatina. El resto de deportistas, por no contar con la cobertura social de cotización, han visto dificultada la obtención y mejora de sus prestaciones sociales tras la retirada.
El anuncio, difundido tras la reunión mantenida esta semana con el sector, supone un avance esperado dentro de las políticas de reconocimiento profesional y social de los exdeportistas, quienes, en palabras del secretario de Estado, mantuvieron una dedicación que, hasta ahora, no quedaba reflejada en las prestaciones de jubilación reconocidas por el sistema público. Según consignó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trámites para activar la medida seguirán adelante con la validación del procedimiento iniciado en audiencia pública, permitiendo así la regularización de los años trabajados para quienes estuvieron activos en el ámbito profesional durante el periodo comprendido entre 1980 y 2003.
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