Ecologistas pide reubicar las estaciones de calidad del aire orientadas al tráfico en los puntos críticos de cada ciudad

En la mayoría de las ciudades evaluadas, la ubicación de las estaciones urbanas dedicadas a medir la calidad del aire relacionadas con el tráfico no alcanza los criterios establecidos por la más reciente Directiva europea para la protección de la salud, según las conclusiones de un informe difundido por Ecologistas en Acción. De acuerdo con esta organización, sólo un número reducido de los puntos evaluados cumple de forma adecuada su función bajo los nuevos estándares, lo que ha motivado la petición de revisar sus emplazamientos y exigir una remodelación ajustada a la normativa continental.

Según publicó Ecologistas en Acción este martes, el informe “Tráfico y calidad del aire urbano en el Estado español” ha analizado la ubicación de 25 estaciones fijas de medición vinculadas a zonas de tráfico en distintas ciudades del país. El estudio se produce en un contexto en el que la nueva Directiva europea sobre calidad del aire y atmósfera limpia está en proceso de transposición a la normativa nacional, lo que implica un cambio en los requisitos para la elección de estos puntos de muestreo. Como argumentó la organización, la mayoría de las estaciones urbanas revisadas no se encuentran en las áreas con mayores niveles de polución, situación que puede dificultar la obtención de datos fiables para la protección de la población.

El informe precisa que solo seis de veinticinco ubicaciones cumplen la mayoría de los parámetros exigidos por la normativa. Las ciudades cuyas estaciones cumplen de manera mayoritaria son Gijón, Palma, Pamplona/Iruña, Sevilla, Valencia y Zaragoza. No obstante, Ecologistas en Acción advierte que incluso en estos casos existen otras estaciones dentro de sus redes locales cuya localización debería estudiarse nuevamente, con el objetivo de garantizar que al menos la mitad de los puntos de muestreo se sitúen en las áreas de mayor riesgo de contaminación, conocidos como puntos críticos, conforme establece la legislación europea.

Para mejorar la adecuada identificación de puntos contaminantes, la organización plantea que el Gobierno establezca un plazo de un año para que las autoridades competentes realicen una revisión minuciosa de la localización de las estaciones de calidad del aire. El proceso, propone el informe, debe llevarse a cabo bajo un procedimiento de participación ciudadana. Además, para asegurar la coherencia metodológica en todas las ciudades, la ONG solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la elaboración de una guía técnica que sirva de referencia a los responsables municipales y regionales.

De acuerdo con la norma europea vigente, la ubicación de los instrumentos de muestreo destinados a evaluar la contaminación ligada al tráfico y proteger la salud debe proporcionar “datos fiables” de los niveles de concentración en las áreas críticas dentro de cada ciudad. Estos puntos deben situarse preferentemente en zonas especialmente sensibles, como áreas residenciales, escuelas, hospitales, centros de asistencia y zonas de oficinas. Cuando el objetivo consista en valorar la contribución del tráfico rodado, los puntos de medición deben seleccionarse en aquellas vías con niveles más altos de ocupación vehicular, considerando además las condiciones locales que pueden influir en la dispersión de contaminantes y los diferentes usos en la planificación urbana.

El mínimo exigido por la directiva europea señala que cada zona debe contar con al menos una estación emplazada en un punto crítico de contaminación. Además, se especifica la necesidad de medir contaminantes clave asociados al tráfico como el dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), benceno y monóxido de carbono (CO). Aquellas áreas que por su tamaño solo requieren un punto de muestreo deben instalar su estación también en el área con mayor concentración registrada.

El análisis de Ecologistas en Acción detalla que hasta 19 de las 25 estaciones revisadas incumplen alguno de los criterios de ubicación de la Directiva europea. En la revisión, el estudio indica que en seis de las ciudades analizadas —Barcelona, Bilbao, Elx/Elche, Granada, Santander y Valladolid— las estaciones no se localizan en las calles que presentan los valores más elevados de contaminación, por lo que no pueden considerarse puntos críticos desde el punto de vista normativo.

En cuanto a la cobertura de la red, la ONG señala la ausencia de estaciones orientadas al tráfico en Badajoz, Guadalajara y Logroño, donde la única estación existente se encuentra en una zona de fondo, alejada del tránsito y, por tanto, de las áreas de concentración más alta de emisiones asociadas. Otros problemas identificados afectan a detalles del entorno inmediato de cada punto de medición. Entre las deficiencias aparecen ubicaciones a alturas no recomendadas por la normativa, como ocurre en Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria, y ubicaciones alejadas más de diez metros de la calzada, encontradas en A Coruña, Alacant/Alicante, Badajoz, Elx/Elche, Logroño, Madrid, Málaga, Donostia/San Sebastián, Vigo y Vitoria-Gasteiz.

El informe incide en la necesidad de que la selección y diseño de la red de control ambiental urbana quede respaldada por sistemas de modelización o mediciones indicativas capaces de justificar la elección de puntos críticos. La organización plantea que esta medida ayudaría a homogeneizar la estrategia de control y a mejorar la representatividad de los datos sobre calidad del aire recogidos en las distintas ciudades.

Tal como detalla Ecologistas en Acción en el documento, la revisión de la microimplantación es esencial para cumplir con el objetivo de que las mediciones reflejen la exposición real de la población a los principales contaminantes emitidos por el tráfico. El documento remarca la importancia de que la nueva normativa obligue a ubicar, al menos, una estación por aglomeración urbana específicamente en la zona de concentración máxima, lo que reforzaría la protección de colectivos más sensibles y permitiría elaborar políticas públicas más precisas en materia de salud ambiental.