Detenidas 32 personas por el envío ilegal de 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife a África

La operación ilícita incluía el transporte de residuos provenientes de aparatos electrónicos, especialmente motores y compresores de frigoríficos que no recibían el proceso de descontaminación obligatorio. Este manejo generaba la liberación de gases peligrosos que podían afectar el medio ambiente y la salud de la población. El envío se completaba mediante la inserción de estos materiales en contenedores marítimos, acompañados de documentación falsa que permitía sortear los controles y evitar el rechazo de las exportaciones. Estas actividades forman parte de una red criminal desmantelada recientemente por las autoridades.

Según informó la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el grupo desarticulado está vinculado al traslado ilegal de aproximadamente 650 toneladas de residuos peligrosos desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta varios destinos en países africanos. La investigación alcanza a 32 personas y cuatro empresas, con sedes operativas en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca, bajo sospecha de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Tal como publicó la Guardia Civil en un comunicado, el inicio de las pesquisas se remonta a la detección de movimientos repetidos de mercancías en contenedores marítimos entre Santa Cruz de Tenerife y África, identificados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en La Palma en colaboración con funcionarios aduaneros.

Los responsables adoptaban diversas estrategias para ocultar el carácter delictivo de sus acciones. El medio consigna que la red empleaba facturación fraudulenta a nombre de terceros, en algunos casos sin conocimiento de los implicados, con el objetivo de evitar inspecciones aduaneras o la denegación de permisos de exportación. Así, lograban enviar de manera encubierta residuos peligrosos y no peligrosos, entre los que se incluían piezas y repuestos para automóviles sin descontaminar y unas 38 toneladas de extintores, así como turismos, camionetas y camiones. Para estos últimos, la documentación falsa permitía presentarlos como vehículos de segunda mano legales, facilitando su exportación fuera del territorio español.

El valor estimado de los residuos peligrosos y no peligrosos exportados de manera irregular supera los 800.000 euros, informó el medio. Del total de materiales desplazados ilegalmente, 86 toneladas correspondían a residuos no peligrosos. Las autoridades determinaron que la estructura criminal presentaba una jerarquía claramente definida: cinco individuos coordinaban las operaciones en la cúspide. Dos de ellos, residentes en Gran Canaria, se ocupaban de la organización documental y logística vinculada a la exportación de los materiales, mientras los otros tres, con domicilio en Tenerife, se encargaban tanto del envío directo de residuos como de la gestión de la documentación, legal o falsificada, necesaria para validar los movimientos comerciales.

El medio Guardia Civil detalló que el delito de traslado ilegal de residuos, tipificado en el Código Penal español desde 2015, implica para los detenidos la posibilidad de ser sancionados con penas que van desde tres meses hasta un año de prisión, o bien con multas de entre seis y dieciocho meses, además de la inhabilitación especial para ejercer profesiones u oficios relacionados durante un periodo equivalente. La organización criminal aprovechaba vacíos de supervisión utilizando empresas pantalla, algunas de las cuales resultaban ajenas a la actividad investigada, para emitir facturas que simulasen operaciones legales de descontaminación de residuos.

Las actuaciones reflejan que el envío ilegal de estos materiales suponía un riesgo directo para la salud pública y el entorno natural. El hecho de que los motores, compresores y distintas piezas eran exportados sin descontaminar facilitaba que gases peligrosos pasaran a la atmósfera. Además, la magnitud de la operación evidencia la existencia de canales consolidados para el tráfico ilícito de residuos, que involucraban tanto a particulares como a entidades mercantiles. Según la información recabada por las fuerzas de seguridad, este modus operandi permitía que residuos como extintores y componentes de vehículos se ocultaran fácilmente en la cadena global de exportaciones, siempre encubiertos por la documentación manipulada.

Durante la investigación, las autoridades constataron que los envíos de residuos tenían un destino final en varios países africanos, aunque la documentación adulterada dificultaba rastrear el recorrido exacto y la ubicación definitiva de los materiales peligrosos. La red no solo operaba entre Tenerife y África, sino que extendía su campo de acción a otras islas como Gran Canaria y Mallorca, donde las empresas implicadas participaban directamente o facilitaban la logística necesaria para consolidar los envíos marítimos.

Como resultado de las actuaciones conjuntas, la desarticulación de este grupo permite cortar una ruta ilegal de residuos que comprometía tanto la seguridad ambiental española como la de los países receptores, y pone de relieve la relevancia de mecanismos rigurosos de control en el tráfico transfronterizo de materiales peligrosos. Las investigaciones continúan para esclarecer si hay más implicados y para ampliar el alcance de las responsabilidades penales y mercantiles asociadas a este tráfico ilícito, según informó la Guardia Civil.