Una ONG denuncia un ataque con ácido contra un activista de Derechos Humanos en la capital de Indonesia

La rápida intervención médica fue necesaria para atender las heridas graves sufridas por Andrie Yunus, coordinador adjunto de la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), luego de que los agresores arrojaron una sustancia corrosiva sobre su cuerpo. Según consignó KontraS por medio de un comunicado, el ataque ocurrió cuando el activista se dirigía a su domicilio en motocicleta luego de grabar un podcast en la oficina de la Fundación Indonesia de Asistencia Legal (YLBHI), en el que se abordaron temas relacionados con la remilitarización y la revisión judicial en Indonesia.

De acuerdo con la información difundida por KontraS, dos personas no identificadas, a bordo de una motocicleta, interceptaron a Yunus y rociaron la sustancia, lo que le causó lesiones en las manos, el rostro, el pecho y especialmente en los ojos. La ONG detalló que el ataque sucedió en Yakarta, alrededor de las 23:37 horas del jueves, cerca del domicilio del activista, quien fue trasladado en ese momento a un centro hospitalario para recibir atención urgente.

El caso fue divulgado por la ONG KontraS, entidad que denunció el incidente ante la opinión pública nacional e internacional, advirtiendo que la agresión constituye un intento por acallar a quienes defienden derechos y participan activamente en la discusión pública sobre la justicia y el papel de los militares en el país. El comunicado de KontraS plantea que este ataque representa una amenaza directa a la libertad de expresión y a la integridad de los defensores de los Derechos Humanos, haciendo referencia al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que protege estas actividades.

Tal como informó la organización, organismos internacionales y figuras relevantes en la defensa de los derechos humanos reaccionaron ante el suceso. Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó en redes sociales su descontento ante el atentado, calificando el hecho como un “horrible ataque” y pidiendo justicia. Turk subrayó que “los responsables de este cobarde acto de violencia deben rendir cuentas” y remarcó que “los defensores de Derechos Humanos deben estar protegidos en su labor vital y poder plantear sin temor cuestiones de interés público”, según citó la propia ONG.

En el entorno nacional, Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, emitió un comunicado asegurando que estos hechos no pueden ser interpretados como una situación delictiva común en la vía pública, sino que su carácter es claramente intimidatorio, orientado a disuadir a defensores de Derechos Humanos. Hamid sostuvo que el ataque revela graves deficiencias del Gobierno indonesio en el cumplimiento de su responsabilidad de garantizar protección a quienes encabezan la lucha por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. El director ejecutivo mencionó además que, lejos de cumplir esa función, las autoridades pueden estar alimentando la estigmatización y criminalización de los activistas al asociarlos públicamente con el terrorismo y la instigación.

Entre las demandas planteadas tras el ataque, Amnistía Internacional Indonesia reclamó que las autoridades nacionales lleven adelante una investigación exhaustiva, transparente y rápida que esclarezca lo ocurrido, así como el enjuiciamiento de los responsables. Hamid también hizo un llamado para que el Gobierno indonesio rompa con la impunidad y brinde condiciones de seguridad y libertad para todos los defensores de los Derechos Humanos en el país, según difundió el comunicado oficial.

El medio reportó que el episodio de violencia llega en un contexto donde los defensores civiles y las organizaciones no gubernamentales denuncian crecientes presiones y amenazas, vinculadas a la discusión de temas sensibles como el papel de los militares en el gobierno y la administración de justicia. El ataque contra Yunus, en ese sentido, ha provocado reacciones en cadena de distintas organizaciones internacionales y nacionales ligadas a la defensa de los Derechos Humanos, que solicitan mayor protección para quienes trabajan en el sector y garantías para que puedan desempeñar sus funciones sin temor a represalias ni agresiones físicas.

La intervención de organismos multilaterales y la atención internacional sobre el caso resaltan la importancia que tiene el respeto y la protección de los Derechos Humanos en Indonesia, particularmente para quienes investigan, denuncian y actúan en defensa de las víctimas de violencia y represión. La situación de Andrie Yunus, coordinador adjunto de KontraS, se suma a una lista de incidentes que preocupan a las organizaciones de derechos civiles, según informó la propia ONG, y plantea desafíos para la convivencia democrática y el Estado de derecho en el país.