Díaz advierte que el Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas "aprovechen" la crisis

Durante su intervención con motivo del 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resaltó que el Gobierno mantiene la determinación de adoptar medidas para evitar que posibles consecuencias de conflictos internacionales recaigan sobre la ciudadanía española, atendiendo tanto al empleo, como a aspectos como los alquileres, los topes de precios y el control del sector energético. Al respecto, Díaz aclaró que la intervención estatal se centrará en proteger a la población de cualquier impacto negativo derivado de las recientes tensiones internacionales, según consignó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la ministra reiteró que el Ejecutivo no permitirá que empresas energéticas ni otros sectores se beneficien de manera indebida por la crisis de precios desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Díaz afirmó de forma tajante: "El Gobierno no va a permitir que las empresas energéticas u otros sectores se aprovechen para obtener beneficios extraordinarios ni que colectivos sociales se aprovechen de esta crisis". Esta declaración se realizó tras su participación en una reunión, presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con sindicatos y empresarios para examinar las medidas anticrisis.

En su mensaje, Díaz puso el acento sobre la incertidumbre que atraviesan los mercados internacionales y el precio de la energía consecuencia de los últimos acontecimientos en Irán. Según relató el medio Europa Press, la ministra señaló en su intervención que "hay quien aprovecha esta incertidumbre para anunciar que lo peor está por venir", diferenciando la postura del Gobierno, ya que aboga por transmitir serenidad, tranquilidad y paz a la ciudadanía. Según sus palabras, la estrategia pasa por evitar que el miedo o las proyecciones negativas dominen el discurso público.

La titular de Trabajo incidió en la importancia de la acción gubernamental activa: "Hay un Gobierno que interviene, que va a actuar, que nos arremangamos y que hacemos nuestro trabajo como estoy segura que los agentes sociales van a hacer lo mismo". Asimismo, subrayó que esta acción se desplegará "defendiendo el derecho internacional, la legalidad internacional, y con la gente trabajadora y con las empresas".

Europa Press describió que la vicepresidenta segunda expresó de manera crítica su rechazo a la que denominó "receta de la derecha" frente a los escenarios de crisis, consistente en la bajada de impuestos. Díaz indicó que existe una tendencia repetida a proponer esta medida como solución tanto ante situaciones económicas adversas como ante la guerra en Ucrania: “Crisis económica, la receta de la derecha, bajar impuestos. Guerra de Ucrania, la receta de la derecha, bajar impuestos. En definitiva, siempre es la misma solución", manifestó la ministra, cuestionando la efectividad de esa respuesta.

Además, detalló que el Gobierno tiene previsto seguir vigilando que los efectos de la crisis y las oscilaciones de los precios internacionales no penalicen desproporcionadamente a los trabajadores, consumidores o familias, y que se establecerán mecanismos de control correspondientes. Entre las acciones planteadas, Díaz mencionó intervenciones para limitar el impacto sobre los precios y velar porque no se produzcan incrementos abusivos en sectores estratégicos.

Según publicó Europa Press, la conmemoración del aniversario de la Inspección de Trabajo marcó el contexto de estas afirmaciones. La ministra vinculó el papel histórico de esta institución con el actual ejercicio de vigilancia y protección del mercado laboral y de los derechos económicos, reconociendo la importancia del cumplimiento riguroso de la legalidad por parte tanto de las empresas como de los actores sociales.

Por último, Díaz insistió en que el Gobierno se muestra dispuesto a actuar de manera firme y coordinada con los diferentes agentes sociales, abordando tanto la dimensión internacional de la crisis como las repercusiones internas en la economía española. Toda la intervención de la ministra, de acuerdo con Europa Press, se orientó a reforzar el mensaje de que ningún actor económico o social podrá obtener ventajas injustificadas a costa de la coyuntura internacional y que la protección a la ciudadanía se presenta como una prioridad en la gestión actual del Ejecutivo.