Cuerpo anuncia medidas fiscales para contener el precio de la energía y ayudas al campo y al transporte

El Ejecutivo se encuentra trabajando de forma acelerada para concluir el texto del próximo real decreto ley que busca contrarrestar los efectos económicos de la crisis en Oriente Próximo, aunque no se ha fijado una fecha definitiva para su aprobación. Según informó el medio, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró que el Gobierno prioriza cerrar y preparar este paquete de medidas en los días siguientes, con la intención de que esté listo para su validación por el Consejo de Ministros lo antes posible.

El propio Cuerpo detalló tras una reunión con sindicatos y patronal que el paquete incluirá incentivos fiscales destinados a contener los precios de la energía, una de las áreas más sensibles ante la volatilidad de los mercados internacionales. De acuerdo con lo publicado por el medio, el decreto contempla también ayudas específicas para sectores que el Ejecutivo considera especialmente vulnerables al impacto de la guerra en Oriente Próximo, concretamente el campo y el transporte por carretera.

En la comparecencia posterior a la citada reunión, en la que participaron las tres vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, el ministro descartó aplicar de nuevo la bonificación directa al precio de los combustibles, instrumento que se utilizó durante la guerra de Ucrania y que supuso una rebaja de 20 céntimos por litro. Según consignó el medio, Cuerpo sostuvo que tanto sindicatos como organizaciones empresariales expresaron críticas hacia esa medida por considerarla ineficaz. “Es una de las medidas que menos nos aconsejan”, afirmó, subrayando la preferencia de los sectores consultados por opciones centradas en el ámbito fiscal.

Durante el encuentro, también se revisó la situación de los precios de los alimentos y la posibilidad de rebajar el IVA, alternativa que tampoco parece recibir el respaldo prioritario del Ejecutivo en esta ocasión. Según publicó el medio, el ministro reiteró la intención de centrar el apoyo en aquellos segmentos más afectados, poniendo especial énfasis en el sector agrario y el transporte terrestre, tanto por la exposición de estos sectores a los costes energéticos como por su importancia en la cadena de suministros y servicios.

En cuanto al impacto laboral de la crisis, los líderes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, señalaron que no detectan actualmente consecuencias sobre el empleo derivadas del conflicto en Oriente Próximo y no prevén efectos a corto ni a medio plazo en este ámbito. De acuerdo con lo informado por el medio, ambos dirigentes llamaron a la tranquilidad, haciendo hincapié en que los mecanismos previstos en la ley, como el Mecanismo RED, están preparados para desplegarse si el conflicto se intensifica y la coyuntura laboral así lo exige.

Sobre la naturaleza concreta de las ayudas, Sordo manifestó que, desde la perspectiva sindical, cualquier incremento del gasto público debería ir acompañado de medidas efectivas para frenar el aumento de los precios al consumidor. “Cualquier movilización de recursos públicos, cualquier medida fiscal que se adopte para favorecer la contención de los precios tiene que servir para eso, para favorecer la contención de los precios. No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin control de esos precios porque hemos visto que si no sirven simplemente para mejorar los márgenes empresariales”, sostuvo, tal como recogió el medio.

Por su parte, Pepe Álvarez defendió la necesidad de que las acciones del Gobierno sean “selectivas” y apunten directamente hacia los sectores, las familias y las personas que sufran una reducción en su capacidad adquisitiva derivada del conflicto en Irán. Según consignó el medio, el Gobierno sigue evaluando el alcance y la idoneidad de cada medida propuesta, con la meta de diseñar instrumentos cuyo beneficio llegue a quienes más lo necesiten y evite efectos secundarios indeseados en la economía general.

Tanto sindicatos como patronal permanecen a la espera de conocer los detalles finales del paquete legislativo, a la vez que las autoridades sostienen un diálogo abierto para adaptar la respuesta gubernamental a la evolución de los acontecimientos internacionales y a las particularidades del tejido económico nacional.