
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, enfatizó que trece civiles israelíes han muerto durante los recientes ataques atribuidos a Irán, y que estos hechos están vinculados a la respuesta del régimen persa frente a una ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Saar expuso que estos ataques, realizados con misiles y drones contra zonas pobladas de su país, constituyen una transgresión directa al Derecho Internacional y alteran la seguridad global. De acuerdo con la correspondencia enviada por Saar y difundida por el medio, el representante israelí ha solicitado formalmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se califique a la Guardia Revolucionaria de Irán como “organización terrorista”.
Según detalló el medio, en la carta remitida al Consejo de Seguridad, Saar incluye la petición de que el organismo internacional emita una condena directa contra Irán y que acelere la designación de la Guardia Revolucionaria en la citada categoría. El ministro atribuyó a Irán la ejecución de ataques a gran escala que habrían sido lanzados, según su denuncia, con “misiles mortíferos y vehículos aéreos no tripulados” contra población civil, hospitales y lugares de culto. Saar aseguró que además de estas acciones directas, Irán mantiene operaciones hostiles en múltiples frentes —tierra, mar, aire y ciberespacio— como parte de un conflicto armado sostenido, lo que representa, según consignó, una escalada que afecta tanto a Israel como a la estabilidad regional e internacional.
El texto dirigido al Consejo de Seguridad, reportó el medio, sostiene que la estrategia iraní no se circunscribe únicamente a operaciones abiertas. Saar acusó a Teherán de impulsar una guerra indirecta mediante una red de grupos aliados que operarían bajo su dirección y apoyo logístico y militar en toda la región. Tales actividades incluirían financiación, entrenamiento, provisión de inteligencia y armamento, con el objetivo de fortalecer las capacidades de actores considerados, según la misiva israelí, como agentes terroristas.
La carta también se refirió a la postura declarada por el régimen iraní en torno a Israel. Saar indicó que la dirigencia iraní ha manifestado durante décadas “el objetivo de aniquilar al Estado de Israel” y, según el ministro, este planteamiento ha ido acompañado de una campaña operativa persistente basada en hostilidades y el desarrollo de programas de armas nucleares y de destrucción masiva, así como misiles de largo alcance. El jefe de la diplomacia israelí destacó que, bajo su perspectiva, “esto nunca fue mera retórica, sino un plan operativo que este régimen persigue”.
En el documento mencionado, Saar puso particular atención en los recientes ataques directos con misiles balísticos y de crucero que, de acuerdo con la explicación presentada ante la ONU, habrían sido ejecutados por Irán contra territorio israelí. Estas operaciones se habrían sumado a la utilización de métodos de combate tanto convencionales como encubiertos, amplificando —según la denuncia— el nivel de amenaza no solo para Israel sino para la paz y la seguridad en la región y a nivel internacional.
Además, el ministro israelí señaló que Irán se habría negado a brindar cooperación al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), específicamente en lo que respecta a permitir inspecciones en instalaciones nucleares. Según la carta, el régimen iraní habría ocultado sitios “recientemente reconstruidos y acondicionados” relacionados con el enriquecimiento nuclear con fines militares. Saar advirtió en la misiva que Teherán continúa impulsando, de manera clandestina y acelerada, el avance de su programa nuclear y de misiles de largo alcance.
El pedido israelí se dirige específicamente al embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, quien ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad. Saar solicitó que el órgano tome medidas contundentes frente a lo que califica como violaciones reiteradas de Irán al Derecho Internacional. El ministro recordó que tanto Estados Unidos, la Unión Europea, como otros países miembros, ya han designado a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, e instó a las Naciones Unidas a adoptar con rapidez una postura similar.
Según publicó el medio, el fundamento de la petición de Israel ante el Consejo de Seguridad radica en el conjunto de acciones militares atribuidas a Irán, tanto por ataque directo sobre población civil como por la expansión de su influencia a través de fuerzas aliadas en la región. Estas denuncias se enmarcan en un contexto de creciente tensión tras la ofensiva del 28 de febrero, señalada como punto de inflexión por las autoridades israelíes en el aumento de la hostilidad y la escala de enfrentamientos en Oriente Medio.
La carta formal contiene referencias reiteradas a la existencia de lo que Israel describe como una campaña sistemática de amenazas y ataques por parte de Irán, articuladas mediante alianzas, tecnologías avanzadas de armamento y tácticas de guerra multidimensional. En la argumentación aportada por Saar, también se sostiene que la amenaza que representa el régimen iraní trasciende las fronteras israelíes y constituye, en su apreciación, un desafío directo al orden jurídico internacional y a la seguridad de otros países.
Durante la comunicación, el ministro israelí apeló al Consejo de Seguridad a aplicar mecanismos internacionales de sanción frente a Irán, y a coordinar la designación inmediata de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista ante la comunidad internacional. La carta se alinea con decisiones previas adoptadas por socios occidentales de Israel, donde ya ha sido formalizada tal catalogación por parte de autoridades estadounidenses y europeas.
El medio consignó que la misiva sostiene que el régimen de Teherán mantiene un patrón de acciones “flagrantes” que buscarían socavar la estabilidad de la región de Oriente Medio, y refuerza la narrativa compartida por el gobierno israelí sobre la persistencia de un esfuerzo deliberado por parte de Irán en incrementar su capacidad militar y nuclear pese a restricciones y sanciones internacionales existentes. La petición formal presentada ante la ONU marca un nuevo episodio en una relación bilateral marcada por la confrontación y la desconfianza, en el marco de acusaciones mutuas sobre el uso de la fuerza y el respeto a los acuerdos multilaterales.
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