Deviandes demanda a Perú en Estados Unidos por el impago de un laudo arbitral del Ciadi de 85,8 millones

La posibilidad de que los activos estatales peruanos en el extranjero enfrenten embargos se ha convertido en una advertencia relevante tras la más reciente acción de la empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes). Según reportó el medio original, la concesionaria ha iniciado una demanda contra el Estado peruano ante un tribunal federal de Estados Unidos, con el objetivo de obtener el pago de una suma reconocida por un fallo arbitral internacional. Este proceso judicial se relaciona con el impago de 99,4 millones de dólares (que equivale a 85,8 millones de euros) reconocidos por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

De acuerdo con la información publicada, Deviandes, responsable de la concesión de la Carretera Central en Perú, sostiene que si la justicia estadounidense falla a su favor, podrían ejecutarse medidas legales que habiliten la incautación de bienes peruanos en el extranjero, en caso de que el Estado no cumpla con el desembolso ordenado. El proceso ante los tribunales estadounidenses ha sido calificado por Deviandes como una de las herramientas internacionales disponibles para exigir la efectividad de laudos arbitrales contra Estados soberanos, sobre todo cuando las indemnizaciones determinadas no se abonan de manera voluntaria.

El origen del laudo se remonta a noviembre de 2024. Según detalló el medio, el Ciadi concluyó que el Estado peruano incumplió el procedimiento formal para aceptar obras concluidas por Deviandes y no desplegó las acciones necesarias para garantizar el restablecimiento del orden público frente a las protestas que impidieron la apertura del peaje de Ticlio. La estación de peaje se ubica en un sector estratégico de la Carretera Central, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que conecta Lima con el centro de Perú.

Durante 2018, la implementación de una garita en Ticlio desencadenó bloqueos de la vía central por parte de transportistas, quienes reclamaban la anulación de la concesión otorgada a Deviandes. Estas manifestaciones paralizaron temporalmente la infraestructura y derivaron en los conflictos analizados posteriormente en los procedimientos arbitrales. El Ciadi, según consignó el medio original, señaló que el Estado peruano no solo incumplió con la recepción formal de las obras, sino que además impidió que Deviandes gestionara la estación y obtuviera los ingresos pactados contractualmente.

Deviandes subrayó que la vía judicial en Estados Unidos busca la ejecución forzosa del fallo arbitral y recalcó que existen mecanismos legales internacionales que facilitan este tipo de acciones cuando Estados no acatan los laudos de manera voluntaria. Además, recordó que el laudo del Ciadi certificó la falta de medidas para resguardar las condiciones que permitirían la operación normal de la concesionaria en la estación de Ticlio.

El escenario de conflictos entre concesionarias y el Estado peruano presenta otros casos, como lo muestra la situación de Rutas de Lima, filial de Brookfield Asset Management. El medio original reportó que esta empresa vio restringida su capacidad de recaudar peajes en la capital, lo que impactó de modo directo su sostenibilidad financiera. Ante esta situación, Brookfield inició, en octubre del año pasado, un proceso de arbitraje amparado en el tratado de libre comercio entre Perú y Canadá, reclamando una compensación equivalente al valor estimado de sus activos: 2.700 millones de dólares (2.329 millones de euros).

Según datos publicados, el Estado peruano acumula el rechazo de varios laudos arbitrales por montos que suman más de 700 millones de soles (176,2 millones de euros). Estas disputas ponen en evidencia una tendencia de litigiosidad entre empresas concesionarias y entidades estatales, tanto por controversias contractuales directas como por decisiones administrativas que afectan la viabilidad de los contratos de infraestructura y servicio.

El caso Deviandes destaca por el uso de vías judiciales en Estados Unidos como herramienta de presión para asegurar el cobro de indemnizaciones internacionales, especialmente cuando los Estados optan por desestimar las decisiones de los tribunales arbitrales. En el contexto de la controversia, el cumplimiento de los contratos de concesión y la protección legal de las inversiones extranjeras adquieren atención, dado el riesgo de medidas coactivas sobre activos estatales ubicados fuera del país de origen.